Disputas comerciales, políticas energéticas y estrategias de seguridad han generado una serie de acusaciones cruzadas entre ambos gobiernos y sectores empresariales. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el arancel del 25% impuesto por Estados Unidos a vehículos de carga mexicanos es “violatorio” del T-MEC y será un tema de “la más alta prioridad” en la renegociación. Esta declaración se suma a las críticas de la Business Roundtable, que agrupa a los CEOs más influyentes de EE.UU., quienes acusan a México de beneficiar a Pemex y CFE en detrimento de empresas estadounidenses, violando el tratado. A su vez, legisladores demócratas han pedido al presidente Donald Trump renegociar el acuerdo, acusando a México de ser una “puerta de entrada de China” al mercado norteamericano. En el ámbito de la seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó categóricamente cualquier plan de intervención militar estadounidense en territorio mexicano para combatir a los cárteles, afirmando que “eso no va a ocurrir”. Su postura responde a reportes de que la administración Trump estaría planeando ataques con drones. La Casa Blanca, por su parte, aunque condenó la violencia política en México tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, aseguró que el presidente Trump “respeta mucho” a Sheinbaum, pero instó a México a “hacer más” en la lucha contra el narcotráfico.