Las modificaciones buscan establecer "deberes reforzados" del Estado para proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de violencia o discriminación. Entre los cambios más significativos se encuentra la sustitución del principio de "igualdad" por "igualdad sustantiva" en el marco legal, la incorporación obligatoria del enfoque de género en todas las políticas nacionales y la homologación del lenguaje incluyente. Además, se eleva a rango de Secretaría de las Mujeres al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), dotándola de mayores capacidades. La reforma también refuerza protocolos contra el acoso y hostigamiento laboral y educativo, ordena mejorar la atención en salud con perspectiva de género, incluyendo la prevención de la violencia obstétrica, y contempla garantizar condiciones más accesibles para que las mujeres construyan un patrimonio propio. Durante el debate, legisladores de Morena y PRI calificaron la reforma como un "acto de justicia" que responde a una "exigencia histórica", mientras que la oposición (PAN y MC) expresó reservas sobre la falta de asignación presupuestal para su implementación y advirtió sobre el riesgo de que la transformación "se quede en el papel".