El Fiscal General Adjunto Interino, Matthew R. Galeotti, declaró que “el soborno a funcionarios públicos para obtener negocios socava la competencia leal y enriquece injustamente a quienes actúan mal”. La evidencia presentada durante el juicio demostró que Rovirosa, junto con su cómplice Mario Alberto Ávila Lizarraga, llevó a cabo el esquema de corrupción. Mientras Rovirosa enfrenta una posible sentencia de hasta 15 años de prisión, Ávila Lizarraga sigue prófugo. La investigación fue liderada por el FBI y el Departamento de Seguridad Interna (HSI), reafirmando el compromiso de las autoridades estadounidenses de no tolerar esquemas de corrupción que se operen desde su territorio, sin importar si los sobornos se pagan localmente o en el extranjero.