Expertos y analistas han expresado preocupaciones significativas.

Por un lado, se cuestiona la capacidad de las operadoras, especialmente las más pequeñas (OMVs), para implementar la tecnología necesaria y garantizar la ciberseguridad de la masiva base de datos personales y biométricos que se recopilará. Por otro, se duda de que la medida realmente frene al crimen organizado, ya que se anticipa que los delincuentes encontrarán métodos alternativos para mantener el anonimato, como el uso de chips de otros países o aplicaciones de mensajería. La CRT ha asegurado que los datos serán resguardados por los operadores bajo la ley de protección de datos, pero el reto tecnológico y de seguridad sigue siendo un punto crítico.