El proceso, que comenzó formalmente en 1999, ha estado marcado por estancamientos debido a desacuerdos en temas agrícolas, estándares medioambientales y acceso a mercados.

A pesar de este avance crucial, el camino para la plena implementación del acuerdo aún es largo y complejo.

El pacto deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo, donde se espera una votación muy reñida y dividida no solo por líneas partidistas, sino también nacionales.

Además, los capítulos no comerciales del acuerdo requerirán la ratificación por parte de los parlamentos nacionales de cada uno de los 27 estados miembros de la UE, un proceso que podría demorar años. Existe también la posibilidad de que el Parlamento Europeo solicite un dictamen al Tribunal de Justicia de la UE sobre la compatibilidad del acuerdo con los tratados europeos, lo que podría congelar el proceso de ratificación.