Los beneficiarios podrán acreditar su residencia con documentos como el padrón municipal, informes médicos o contratos de alquiler.

Se espera que las solicitudes comiencen en abril, y la mera admisión del trámite permitirá a los solicitantes trabajar desde el primer día.

La autorización inicial tendrá una vigencia de un año, durante el cual podrán acceder al mercado laboral, vivienda y atención sanitaria. Pasado este periodo, podrán solicitar una autorización ordinaria.

Esta no es la primera regularización de este tipo en España; la última se realizó en 2005 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La medida ha sido recibida positivamente por sindicatos como CCOO y UGT, organizaciones del sector primario como ASAJA, que ven una solución a la necesidad de mano de obra, y la Conferencia Episcopal Española, que la considera un acto de “justicia social”. Sin embargo, sindicatos de la Policía Nacional han advertido sobre un posible colapso en las unidades de Extranjería. Según el centro de análisis Funcas, en España residen aproximadamente 840,000 migrantes en situación irregular, el 91% de ellos provenientes del continente americano.