La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha admitido a trámite una Declaratoria General de Inconstitucionalidad contra los artículos del Código Penal de Guanajuato que criminalizan el aborto, una medida que podría acelerar la despenalización en uno de los ocho estados que aún no adecúan su legislación. Amnistía Internacional destacó que el Congreso de Guanajuato tiene un plazo de 90 días, a partir del 15 de febrero, para reformar sus leyes; de no hacerlo, la SCJN podría emitir una resolución con efectos en todo el país. Esta intervención judicial se produce después de que Guanajuato ha ignorado durante cuatro años la sentencia de la Corte de 2021, que declaró inconstitucional la criminalización del aborto a nivel nacional. La organización no gubernamental recordó que, en diciembre de 2025, el Congreso guanajuatense “archivó definitivamente iniciativas para despenalizar el aborto, reformar su Constitución y reconocer la autonomía reproductiva, incumpliendo sus obligaciones constitucionales”. La decisión de la SCJN representa una presión significativa sobre los legisladores locales y abre la puerta a que la despenalización se ordene directamente desde el máximo tribunal si persiste la omisión legislativa. Actualmente, además de Guanajuato, los estados de Morelos, Querétaro, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora continúan penalizando la interrupción del embarazo.
Aguascalientes representa un caso particular, ya que, tras haber despenalizado el aborto hasta las 12 semanas en 2023, redujo el plazo a seis semanas en 2024, lo que fue calificado como un retroceso en materia de derechos humanos.
La SCJN también tiene pendiente de revisión este caso.
Aunque la Corte reforzó su sentencia en 2023, obligando incluso al Congreso federal a legislar sobre el tema, la despenalización a nivel federal aún no se ha concretado.
En resumenAnte la negativa del Congreso de Guanajuato de acatar la sentencia nacional, la Suprema Corte ha iniciado un proceso que le da 90 días para legislar la despenalización del aborto. Si el plazo no se cumple, la SCJN podría ordenar la medida directamente, sentando un precedente para los otros siete estados que aún penalizan la interrupción del embarazo.