El limbo del SNAP: Batallas judiciales y parálisis política ponen en vilo la ayuda alimentaria de millones en EE.UU.

El cierre del gobierno federal de Estados Unidos ha sumido en el caos al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), desencadenando una batalla legal y política que mantiene en la incertidumbre a 42 millones de personas sobre su acceso a los alimentos.

El cierre del gobierno federal, que comenzó el 1 de octubre, interrumpió la financiación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del cual dependen 42 millones de estadounidenses. La crisis se intensificó cuando la administración Trump congeló los pagos, lo que provocó demandas judiciales y un enfrentamiento con el Congreso, dejando a millones de familias en riesgo de inseguridad alimentaria. La situación se tornó confusa debido a una serie de decisiones judiciales contradictorias.

Un juez federal en Rhode Island ordenó al gobierno financiar completamente el programa, pero la Corte Suprema suspendió temporalmente la orden.

Posteriormente, el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) anunció que implementaría los pagos completos para noviembre, pero horas después se retractó.

Finalmente, otra jueza federal, Indira Talwani, bloqueó esta última directiva, permitiendo a los estados continuar con la distribución de los fondos. La distribución de beneficios ha sido desigual en el país.

Mientras estados como California, Nueva York y Massachusetts reanudaron los pagos completos tras una orden judicial, otros han procedido de manera distinta.

En Texas, por ejemplo, la Comisión de Salud y Servicios Humanos comenzó a emitir pagos parciales, que en algunos casos representan hasta el 65% de la asignación habitual, aunque algunos beneficiarios reportaron haber recibido cantidades mínimas o ningún pago en absoluto. Esta interrupción ha aumentado la demanda en los bancos de alimentos, que ahora asisten no solo a los beneficiarios de SNAP, sino también a empleados federales afectados por el cierre. En Texas, donde más del 11% de la población participa en el programa, organizaciones como AIM Media Charities han realizado donaciones significativas para mitigar la falta de recursos federales. En el Congreso, el Senado aprobó un proyecto de ley bipartidista que podría resolver la crisis, proponiendo extender la financiación de SNAP hasta septiembre de 2026. Sin embargo, la medida aún requiere la aprobación de la Cámara de Representantes y la firma del presidente Donald Trump para restablecer el flujo normal de pagos en todos los estados y territorios.