Muerte de exgobernador en custodia expone patrón de represión contra presos políticos en Venezuela

El fallecimiento en prisión del exgobernador opositor Alfredo Díaz ha intensificado las denuncias sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, con líderes opositores y organizaciones civiles señalando un patrón de represión estatal y negligencia médica contra los disidentes.

Alfredo Díaz, exgobernador del estado Nueva Esparta (2017-2021) y dirigente opositor, falleció el 6 de diciembre de 2025 mientras se encontraba bajo custodia del Estado en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. Díaz, de 55 años, fue detenido en noviembre de 2024 en el contexto de la crisis política posterior a las elecciones presidenciales de julio de ese año, y fue procesado por cargos de "terrorismo" e "instigación al odio" tras cuestionar los resultados electorales.

Líderes opositores como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia calificaron el deceso como un "crimen bajo la responsabilidad del régimen", argumentando que revela un "patrón sostenido de represión estatal".

Afirmaron que Díaz es uno de los siete presos políticos que han muerto en prisión desde las elecciones, atribuyendo los fallecimientos a la negación de atención médica, tortura y condiciones inhumanas.

Otros dirigentes como Leopoldo López y Antonio Ledezma sostuvieron que a Díaz se le negó asistencia para sus problemas cardíacos, calificando su muerte como un "asesinato".

El partido Voluntad Popular informó que la causa fue un "infarto fulminante". La organización de derechos humanos Foro Penal confirmó la muerte y aportó datos sobre la situación de los presos políticos en el país. Alfredo Romero, director de la ONG, señaló que desde 2014 han muerto 17 presos por razones políticas bajo custodia estatal y que actualmente hay 887 personas en esta condición. Gonzalo Himiob, también de la organización, indicó que la muerte de Díaz debe ser investigada como "potencialmente ilícita" según el Protocolo de Minnesota. También denunció que el juicio del exgobernador estaba paralizado y que el gobierno le impuso un defensor público. La detención y muerte de Díaz se enmarcan en la crisis generada tras las elecciones de julio de 2024, en las que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador, resultado que la oposición denunció como fraudulento. Las protestas posteriores dejaron un saldo de 28 muertos y aproximadamente 2,400 detenidos.