Muerte de Opositor en Venezuela Desata Condena Internacional y Agudiza Tensión con EE.UU.

El gobierno venezolano reconoció la muerte en prisión del dirigente opositor Alfredo Díaz, un suceso que ha provocado una enérgica condena por parte de Estados Unidos y ha puesto de relieve las denuncias sobre las condiciones de los presos políticos bajo el régimen de Nicolás Maduro.

El gobierno de Venezuela confirmó el fallecimiento del exgobernador opositor Alfredo Díaz, de 56 años, quien se encontraba encarcelado desde hacía un año. El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó que la causa de la muerte, ocurrida el sábado 6 de diciembre de 2025, fue un infarto de miocardio, y aseguró que el dirigente estaba siendo procesado "con plena garantía de sus derechos". Díaz, quien gobernó el estado de Nueva Esparta entre 2017 y 2021, fue arrestado en el contexto de la crisis desatada tras las controvertidas elecciones de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador para un tercer mandato entre denuncias de fraude. Se le acusaba de "terrorismo" e "instigación al odio".

La muerte de Díaz, quien según organizaciones de derechos humanos como Foro Penal permaneció un año preso y en aislamiento en el centro de detención El Helicoide, ha generado una fuerte reacción internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, calificó el hecho como "otro recordatorio de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro" y culpó directamente a su gobierno por el deceso. Washington denunció que Díaz fue "detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro".

Este incidente agudiza las tensiones entre Caracas y Washington.

La condena estadounidense se produce mientras una flotilla naval de EE.

UU., encabezada por un portaviones, realiza operaciones antinarcóticos en el Caribe.

El gobierno de Maduro interpreta este despliegue militar como una "amenaza" que busca un cambio de régimen. Con el fallecimiento de Díaz, suman al menos seis los miembros de la oposición que han muerto bajo custodia del Estado venezolano desde noviembre de 2024, lo que intensifica el escrutinio sobre las violaciones a los derechos humanos en el país.