Guerra contra el Narco en el Caribe: Denuncia Internacional Desafía la Estrategia de EE. UU. y Agudiza Crisis Diplomática

La muerte de un pescador colombiano en un bombardeo estadounidense en el Caribe ha escalado a una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intensificando las tensiones diplomáticas y poniendo en tela de juicio la legalidad de la agresiva estrategia antidrogas de Washington.

La familia de Alejandro Carranza Medina, un pescador colombiano fallecido en un ataque militar de Estados Unidos en el Caribe, ha presentado una denuncia formal contra el país norteamericano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los hechos ocurrieron el 15 de septiembre de 2025, cuando la embarcación de Carranza fue bombardeada frente a las costas de Santa Marta. Sus familiares, quienes niegan cualquier vínculo de la víctima con el narcotráfico, sostienen que él era un "muchacho de bien" dedicado a la pesca, actividad con la que mantenía a su esposa, Katerine Hernández, y a sus cuatro hijos. La denuncia señala que, tras el suceso, la familia ha comenzado a recibir amenazas de grupos paramilitares.

La acción legal, presentada por el abogado Dan Kovalik —quien también representa al presidente colombiano Gustavo Petro en Estados Unidos—, acusa directamente a altos funcionarios del gobierno de Donald Trump. Se señala al secretario de Defensa, Pete Hegseth, como el responsable de ordenar los bombardeos y al propio presidente Trump de ratificar dicha conducta. La denuncia argumenta que estas acciones violan el derecho internacional y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, específicamente en lo que respecta al derecho a la vida y al debido proceso.

El presidente Petro ha calificado estas muertes como "ejecuciones extrajudiciales".

El caso de Carranza Medina no es un hecho aislado. Según los informes, más de 80 personas han muerto en operaciones similares llevadas a cabo por Washington contra supuestas "narcolanchas" en el Caribe y el Pacífico.

Estos ataques han provocado un grave deterioro en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, aliados históricos.

Washington ha retirado a Colombia la certificación como aliada en la lucha antidrogas y ha impuesto sanciones al círculo cercano del presidente Petro. A pesar de las críticas, la Casa Blanca ha afirmado que los ataques continuarán e incluso ha mencionado que el siguiente paso podría ser una acción terrestre, principalmente en Venezuela. La legalidad de estos bombardeos ha sido cuestionada por organismos internacionales como la ONU. Expertos consultados por la AFP sugieren que la estrategia responde más a la "agenda doméstica" de Trump que a un esfuerzo efectivo para reducir la producción de drogas.

Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, considera que el verdadero objetivo de estas operaciones militares es derrocarlo.