Entre la austeridad y el aumento: La controversia salarial de Rocío Nahle en Veracruz

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, se encuentra en el centro de una polémica tras la revelación de un sustancial aumento a su salario propuesto por su propio gobierno, del cual afirmó no tener conocimiento.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ha generado una fuerte controversia tras revelarse una propuesta de aumento salarial para ella en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026. El incremento propuesto es de casi un 25 %, lo que elevaría su sueldo mensual de 67,842 pesos a aproximadamente 84,750 pesos, aunque una versión de los datos oficiales señala un aumento del 29.35 %.

Cuestionada al respecto, la mandataria morenista aseguró desconocer el ajuste, declarando a medios locales: "Yo ni sabía, yo no sabía que iba a haber aumento salarial".

Pese a su sorpresa inicial, Nahle justificó posteriormente que el ajuste no era una decisión personal, sino parte de un incremento general para el personal de confianza del gobierno estatal, con el fin de compensar los efectos de la inflación y las pérdidas económicas del año. Sin embargo, la propuesta fue elaborada por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de su propia administración y presentada por ella misma ante el Congreso del estado para su aprobación, lo que ha generado señalamientos de incongruencia.

El proyecto también contempla aumentos para otros altos funcionarios.

El momento en que se da a conocer esta propuesta ha intensificado las críticas. El aumento salarial se discute en un contexto donde el gobierno estatal ha mantenido un discurso de austeridad y contención del gasto, y poco después de que miles de familias en Veracruz resultaran damnificadas por graves inundaciones en octubre.

Actores políticos de oposición, organizaciones ciudadanas y analistas han calificado la medida como insensible y contradictoria con los principios de la Cuarta Transformación, advirtiendo que podría erosionar la confianza ciudadana. Aunque el presupuesto aún no ha sido aprobado por el Congreso local y el aumento podría ser modificado, el caso ha puesto en duda la coherencia política de la gobernadora y su compromiso con el interés público frente a beneficios personales.