Salud como Barrera: La Política Migratoria de EE. UU. que Penaliza Enfermedades Crónicas

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha implementado una nueva directriz que podría negar visas a solicitantes con padecimientos como obesidad y diabetes. Esta medida convierte el estado de salud y la edad en factores determinantes para ingresar al país.

Una nueva política migratoria del gobierno de Donald Trump instruye a los funcionarios consulares a negar visas a extranjeros que puedan representar una “carga pública” debido a sus condiciones médicas.

La directriz, comunicada a través de un memorándum interno del Departamento de Estado, amplía los criterios de evaluación para incluir enfermedades crónicas comunes, como la obesidad, la diabetes, padecimientos cardiovasculares, respiratorios, neurológicos, cáncer y trastornos de salud mental, así como la edad avanzada. El fundamento de la medida es el principio de “carga pública”, que busca impedir el ingreso de personas que podrían depender de los programas sociales del país. Según la orden, los oficiales deberán evaluar la salud y edad del solicitante, junto con su capacidad económica, para determinar si puede costear su tratamiento de manera privada. Afecciones que requieran cuidados costosos o prolongados, valorados en “cientos de miles de dólares”, serán un factor clave para la denegación de la visa.

Por ello, los aspirantes deberán demostrar solvencia económica o cobertura médica suficiente para no depender de fondos públicos.

Esta política podría tener un impacto significativo en solicitantes de América Latina, particularmente de países como México, donde las tasas de sobrepeso y diabetes son elevadas.

Los aspirantes a una visa ahora enfrentarán un escrutinio más riguroso sobre su historial médico y deberán estar preparados para presentar informes actualizados y pruebas de estabilidad económica.

Además, se considera la salud de familiares directos, como hijos y padres mayores. La medida ha sido calificada como discriminatoria y excluyente por organizaciones de derechos humanos y abogados migratorios.

Los críticos, incluyendo la Fundación Familiar Kaiser que tuvo acceso al memorándum, argumentan que la política criminaliza condiciones médicas comunes, refuerza estereotipos corporales y convierte la salud en un nuevo filtro migratorio que privilegia a quienes tienen buena salud y poder adquisitivo, creando una barrera para poblaciones vulnerables.