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Sentencias Ejemplares: El Costo del Tráfico de Personas en la Frontera Norte

Dos hombres han sido condenados a penas de hasta 18 años de prisión en Chihuahua por transportar a 20 migrantes guatemaltecos en condiciones inhumanas dentro de un vehículo de carga. La sentencia subraya los esfuerzos de las autoridades para combatir el tráfico de personas en el país.
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La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chihuahua, consiguió sentencias condenatorias contra dos hombres por los delitos de cohecho y transporte agravado de extranjeros. Los sentenciados, identificados como Ismael Hernández Arellano y Juan José Reyes Guevara, enfrentarán largas penas de prisión por su participación en el traslado ilegal de 20 personas migrantes. Los hechos ocurrieron en enero de 2023, cuando los dos hombres transportaban a 20 personas de nacionalidad guatemalteca en la caja seca de un vehículo de carga. Su detención se produjo en flagrancia por elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes durante un recorrido de vigilancia escucharon gritos de auxilio provenientes del interior del camión.

Esto motivó una inspección inmediata, durante la cual los agentes federales rescataron a los migrantes y detuvieron a los responsables.

Durante la intervención, las autoridades también aseguraron una suma de dinero en efectivo. Tanto los detenidos como el dinero fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad. Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) se encargó de reunir y presentar las pruebas necesarias ante un Juez de Control para acreditar la responsabilidad de los implicados en los delitos sancionados por la Ley de Migración. Como resultado del proceso judicial, el Juez de Control dictó una sentencia de 18 años de prisión y el pago de una multa de 971,822 pesos en contra de Juan José Reyes Guevara. Por su parte, Ismael Hernández Arellano recibió una condena de 16 años de cárcel y una multa de 962,200 pesos. La FGR destacó que estas condenas reflejan la gravedad de los delitos relacionados con el tráfico de personas y reafirman el compromiso institucional para combatir este fenómeno en el país.

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