América Latina en la Encrucijada Climática: Presión para Abandonar Fósiles de Cara a la COP30



En el marco de la inauguración de la COP30, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una ambiciosa propuesta para la región: una inversión de 500,000 millones de dólares para impulsar la generación de energía limpia en América Latina y el Caribe. Petro calificó la medida como "urgente para salvar a la humanidad" y estableció la meta de "cero petróleo, cero carbón, cero gas", criticando duramente al lobby de los combustibles fósiles y advirtiendo sobre un "apocalipsis real" debido al cambio climático. Paralelamente, en México, la urgencia de la crisis se manifiesta con cifras concretas. Greenpeace México exhibió en Acapulco el costo económico de los fenómenos meteorológicos extremos en la última década, que asciende a más de 177,423 millones de pesos, según datos de CENAPRED. Esta acción busca visibilizar que la población ya está pagando las consecuencias mientras continúan los megaproyectos fósiles, y subraya la necesidad de que el país presente una Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) más ambiciosa en la cumbre. En este contexto, una coalición de nueve organizaciones medioambientales mexicanas, incluyendo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Oceana, ha exigido al gobierno mexicano una estrategia firme y medible para la COP30. Su principal demanda es la suspensión inmediata de todos los proyectos de hidrocarburos, como la exploración en aguas profundas, las plantas de gas licuado y el fracking. Las ONG argumentan que estas actividades no solo incrementan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sino que también provocan el desplazamiento de comunidades y daños irreversibles a los ecosistemas. Las organizaciones presentaron una hoja de ruta con diez puntos que incluye la protección legal de ecosistemas vitales como la Selva Maya y los golfos de México y California, que actúan como sumideros de carbono. Piden una transición energética justa, la eliminación progresiva de combustibles fósiles, la creación de un fondo de reparación para las comunidades afectadas y un uso transparente del presupuesto climático. El llamado es claro: poner los derechos de las personas y los ecosistemas por encima de la extracción de combustibles fósiles.












