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Doble Crisis en la Justicia: Reforma Libera a Reos Mientras Paro Laboral Expone Carencias del Poder Judicial

El sistema judicial en México enfrenta una doble encrucijada, marcada por una polémica reforma legislativa que podría liberar a cientos de extorsionadores y un paro de labores en el Poder Judicial de la Federación que evidencia profundas tensiones internas.
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Una nueva “Ley Antiextorsión” aprobada por la Cámara de Diputados podría resultar en la liberación de más de 90 personas sentenciadas por este delito en Chihuahua y más de 600 a nivel nacional. La legislación federal reduce las penas de 6 a 15 años de cárcel, en contraste con códigos penales como el de Chihuahua, que establece hasta 35 años.

Según la diputada federal Rocío González, la ley tiene efectos retroactivos, lo que obligará a los estados a armonizar sus legislaciones y, en consecuencia, a liberar a reos. La legisladora criticó que la reforma beneficia a delincuentes e incluso reduce las penas para funcionarios públicos extorsionadores, y sugirió que busca proteger a Adán Augusto López, quien enfrenta denuncias por dicho delito.

Los estados de Baja California, Campeche, Yucatán y Morelos también se verían significativamente afectados.

Paralelamente, el Poder Judicial de la Federación (PJF) experimentó un paro de labores convocado por el Sindicato Nacional de Renovación. La protesta fue motivada por la falta de insumos básicos como papelería y agua, despidos masivos, la falta de cobertura de plazas vacantes y el incumplimiento en el pago de incrementos salariales. La medida de presión incluyó la toma de 16 edificios a nivel nacional, aunque el Órgano de Administración Judicial (OAJ) aseguró que el 95% de sus inmuebles continuaron operando con normalidad.

El impacto del paro fue desigual en Chihuahua. En la capital del estado, alrededor de 620 de 840 empleados sindicalizados se ausentaron de sus labores, aunque el edificio principal permaneció abierto para recibir documentación. En contraste, el personal de Ciudad Juárez no participó en la suspensión de actividades debido a la baja afiliación al sindicato convocante y al temor a represalias por parte de nuevos jueces y magistrados, quienes, según empleados, han propiciado acoso laboral. El conflicto laboral concluyó después de que autoridades del OAJ recibieron a los trabajadores inconformes, quienes se comprometieron a reabrir las sedes tomadas.

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