Infancias Robadas: La Crisis del Reclutamiento de Menores por el Crimen Organizado en México

El crimen organizado en México explota la vulnerabilidad social y familiar para reclutar a niños y adolescentes en sus filas, un fenómeno creciente que se combate desde el ámbito legislativo y social ante la falta de un marco legal que proteja a las víctimas.

El reclutamiento de menores de edad por parte de grupos delictivos en México es un problema que se ha acelerado y sofisticado, aprovechando la desprotección social, el abandono familiar y la falta de oportunidades. Las organizaciones criminales transnacionales utilizan métodos variados para captar a jóvenes, desde engañosas ofertas de trabajo en redes sociales como Facebook, X (antes Twitter) y TikTok, hasta la influencia directa de familiares, parejas o conocidos, siendo este último el método más común en estados como Michoacán, donde el 70% de los jóvenes se unieron a la delincuencia a través de un conocido. Los menores son reclutados para una amplia gama de actividades ilícitas que incluyen el sicariato, la extorsión, el "halconeo" y el tráfico de migrantes en la frontera, como en el corredor Ciudad Juárez-El Paso. Los factores que los hacen vulnerables son una mezcla de presencia criminal en sus comunidades, falta de ingresos, bajo nivel educativo, poco acceso a servicios de salud y entornos familiares marcados por la negligencia o el abuso. La "narcocultura", promovida a través de corridos y contenidos en redes sociales, también juega un rol al idealizar a figuras delictivas, quienes a su vez manipulan su imagen presentándose como benefactores en las comunidades.

Las consecuencias para los jóvenes son graves, enfrentando explotación y severas repercusiones legales.

Un caso destacado es el de un adolescente de 17 años sentenciado a 24 meses de cárcel en Estados Unidos por tráfico de migrantes que resultó en una muerte.

Las autoridades estadounidenses han intensificado la persecución de estos delitos, aplicando cargos federales a los menores involucrados, sin importar su nacionalidad.

Otro caso que ha centrado la atención en el problema es el del joven de 17 años identificado como el asesino del alcalde de Uruapan, Michoacán. En respuesta, han surgido iniciativas como la propuesta por la diputada Geovanni Barra en Chiapas, que busca tipificar el reclutamiento como delito y endurecer las penas. Expertos y organizaciones civiles insisten en la necesidad de un marco legal que reconozca a los menores reclutados como víctimas. Además, subrayan que la solución no solo radica en acciones gubernamentales, como la eliminación de cuentas en redes sociales, sino en un "abrazo social" que involucre la creación de tejido social, una ética del cuidado, alternativas reales de trabajo, fortalecimiento de la educación y un combate efectivo a la impunidad.