Escrutinio Internacional: ONU Alerta a México por Riesgos Climáticos y de Derechos Humanos en Proyectos de Gas Fósil

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha expresado su "profunda preocupación" al Gobierno de México por los megaproyectos de gas fósil licuado (GFL) planeados en el Golfo de California, advirtiendo sobre graves riesgos para los derechos humanos, los ecosistemas y los compromisos climáticos internacionales del país.

A través de una carta oficial firmada por nueve relatorías especiales, la ONU cuestionó la legalidad y compatibilidad climática de cuatro terminales de gas —Saguaro Energía, Vista Pacífico, AMIGO LNG y GNL Cosalá— y dos gasoductos, Sierra Madre y Corredor Norte. El organismo alertó que, de concretarse, estas obras podrían convertir a México en el cuarto exportador mundial de GFL, pero a costa del bienestar de sus comunidades, la salud de sus ecosistemas y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, como el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú. La comunicación, fechada el 2 de septiembre, subraya que cualquier decisión del Estado para facilitar los proyectos será considerada su responsabilidad directa. La preocupación de los relatores se centra en las significativas emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación tóxica y la alteración de ecosistemas de alto valor ecológico en una región conocida como el "Acuario del mundo". Advierten que estos impactos podrían vulnerar derechos fundamentales de las comunidades locales, incluyendo el acceso a la salud, la alimentación y un medio ambiente limpio. La ONU recordó que la quema de combustibles fósiles es una de las actividades humanas con mayor impacto sobre el clima global. La intervención de la ONU responde a una petición presentada en diciembre de 2024 por 25 personas de comunidades del Golfo de California y organizaciones civiles. Los peticionarios solicitaron apoyo para frenar la expansión de la industria fósil, exigiendo acceso a información completa, consultas públicas e investigaciones independientes sobre los riesgos para la pesca y el turismo. Además de la comunicación a México, la ONU también envió notificaciones a Estados Unidos y Singapur, países de origen de las empresas involucradas, así como a las propias compañías. Ante este "escrutinio internacional formal", las organizaciones civiles hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que suspenda los permisos otorgados de manera irregular, detenga las evaluaciones en curso y garantice el consentimiento libre e informado de las comunidades indígenas. Instaron a alinear la política energética nacional con una transición justa, concluyendo que México tiene la oportunidad de demostrar su compromiso climático, y que ignorar este llamado representaría un "costo político, ambiental y ético irreparable".