La SCJN ante la encrucijada de la prisión preventiva y el acceso a la justicia para reclusos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en un momento decisivo, al analizar la posibilidad de realizar audiencias públicas sobre la prisión preventiva oficiosa para acatar un fallo internacional, mientras que, en una decisión separada, ha facilitado el acceso de personas privadas de su libertad a sus expedientes judiciales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha recibido una solicitud para convocar a una audiencia pública sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. La petición fue presentada por Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, cuyo caso motivó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en contra del Estado mexicano. Ambos pasaron más de 17 años en prisión sin sentencia por el homicidio de la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés Pérez, en 2001, lo cual fue considerado una grave violación a sus derechos humanos. El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, informó que la decisión sobre la audiencia se tomará después de que las ministras ponentes, María Estela Ríos González y Yasmín Esquivel Mossa, presenten sus proyectos de resolución. Sin embargo, García y Alpízar han solicitado que ambas ministras se aparten del caso, argumentando un posible conflicto de interés y falta de imparcialidad.

Alegan que Ríos González, en su anterior cargo como Consejera Jurídica de la Presidencia, defendió la prisión preventiva oficiosa, y que Esquivel Mossa realizó manifestaciones que consideran "criminalizantes" en su contra. Se mencionó que la Corte anterior ya tenía listos los dictámenes sobre el tema, pero el Ejecutivo federal solicitó posponer la resolución hasta la llegada de la nueva integración. En un asunto distinto pero relacionado con el acceso a la justicia, la SCJN resolvió, a propuesta del ministro Aguilar, que los jueces deben entregar copias de sus expedientes penales a las personas privadas de su libertad que las soliciten para poder defenderse. El caso surgió a raíz de la petición de Miguel Sánchez López, un recluso en un penal federal.

La decisión, aprobada por seis votos contra tres, busca remover los obstáculos que enfrentan los reclusos para acceder a la justicia. A pesar de la preocupación de algunos ministros, como Loretta Ortiz, sobre el precedente que esto podría sentar, se aclaró que la Corte solicitará a los tribunales correspondientes que atiendan las peticiones y pedirá el auxilio de la Defensoría Pública para vigilar la entrega de los documentos.