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Inquietud Empresarial en EE. UU.: CEOs Exigen Blindaje en el T-MEC ante Reforma Judicial en México

Líderes de las compañías más influyentes de Estados Unidos han solicitado a la administración Trump que, en la renovación del T-MEC en 2026, se refuercen las protecciones para los inversionistas ante la politización del Poder Judicial en México.
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La Business Roundtable (BRT), una asociación que agrupa a cerca de 200 directores ejecutivos de las empresas más importantes de Estados Unidos, como Apple, General Motors y JPMorganChase, ha expresado serias preocupaciones sobre el clima de inversión en México. En el marco de las consultas para la revisión del T-MEC programada para 2026, la organización instó al gobierno de Trump a presionar para proteger las inversiones estadounidenses frente a lo que consideran una creciente politización del sistema judicial mexicano. La principal inquietud de los líderes empresariales se centra en las recientes reformas judiciales en México, que contemplan la elección de todos los jueces por voto popular. Según la BRT, esta medida convertiría a México en el único país con este sistema, generando el riesgo de que las disputas entre inversionistas y el gobierno se resuelvan con base en consideraciones políticas en lugar del Estado de Derecho, lo que afectaría negativamente la seguridad de las inversiones. Para mitigar este riesgo, los CEOs proponen restaurar el Mecanismo de Solución de Disputas Inversionista-Estado (ISDS) en el T-MEC, el cual fue reducido en comparación con su versión en el anterior tratado (TLCAN). Argumentan que la existencia de un arbitraje independiente disuadiría a figuras políticas de tomar medidas como expropiaciones o de presionar a los tribunales. Además de la reforma judicial, la BRT denunció otras acciones del gobierno mexicano que consideran perjudiciales. Señalaron una discriminación a favor de empresas estatales, como Pemex y la CFE en el sector energético, Telmex en telecomunicaciones, y Mexicana de Aviación. También mencionaron la prohibición de servicios de carga en el AICM y la obligación para empresas de paquetería extranjeras de obtener licencias de correos para proteger al servicio postal mexicano. Otras quejas incluyen prácticas fiscales consideradas injustas por parte del SAT, la inconsistencia regulatoria de la Cofepris que retrasa productos estadounidenses, y barreras al comercio digital que contravienen las obligaciones del T-MEC.

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