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Miércoles, Noviembre 12

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Reforma judicial

Noticias sobre propuestas, cambios constitucionales, elecciones de jueces y debate político en torno a la transformación del sistema judicial mexicano.
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¿Por Qué Marcha el Poder Judicial Hoy? Motivos de Protesta este Miércoles en CDMX

¡Toma precauciones! Hoy, 12 de noviembre de 2025, trabajadores del Poder Judicial realizarán una nueva marcha en la Ciudad de México (CDMX), en esta ocasión en la alcaldía Álvaro Obregón. Aquí te contamos cuáles son las demandas de los manifestantes, así como la ruta de la marcha, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias. Noticia relacionada: Marcha del Poder Judicial Hoy 12 de Noviembre 2025: Puntos Afectados por Trabajadores en CDMX. ¿Dónde es la marcha hoy? De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, la marcha será encabezada por el Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados con la Reforma Judicial y esta será su ruta: Punto de salida: Órgano de Administración Judicial, ubicado en Avenida Revolución número 1508, colonia Guadalupe Inn. Punto de destino: Consejo de la Judicatura Federal, localizado en Avenida Insurgentes Sur número 2417, colonia San Ángel, también en la alcaldía Álvaro Obregón. Video: Mapa: Ruta de la Marcha del Poder Judicial Hoy en la Ciudad de México¿Cuáles son las demandas de los trabajadores? La marcha de hoy será para exigir el cumplimiento de las siguientes demandas: Indemnización prevista en el artículo 10 transitorio con salario integrado. Pago inmediato de las pensiones complementarias pendientes de las personas jubiladas. No afectación de los derechos laborales del personal de la Judicatura Federal. Según la SSC, no se descarta que a la movilización también se unan personas juzgadoras federales cesadas con la reforma judicial, así como personal y sindicatos del Poder Judicial de la Federación afectados, asociaciones de personas juzgadoras y colectivos ciudadanos. Recuerda que en todos los canales de N+ te informamos sobre las movilizaciones, bloqueos y también sobre la situación del transporte público y en carreteras de acceso a la CDMX. Historias recomendadas: ¿Por Qué Hace Tanto Frío Hoy? Masa de Aire Ártico Cubrirá Gran Parte de México Hasta Esta Fecha. Top 5 de Ciudades donde la Gente se Siente Más Segura en México. ¿Cuántos Frentes Fríos se Prevén en la Temporada 2025-2026? Este es el Pronóstico por Mes. Con información de N+ spb

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Monreal perfila discusión abierta sobre revocación de mandato; "no nos vamos a precipitar"

Alejandrina FrancoRicardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, aseguró que no habrá precipitaciones en el análisis de la reforma al artículo 35 constitucional, que contempla ajustes al mecanismo de revocación de mandato, y adelantó que se buscará una discusión amplia, plural y abierta a la sociedad. El también coordinador de Morena informó que la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezada por el diputado Leonel Godoy, está definiendo un mecanismo que permita la realización de foros y espacios de deliberación durante las próximas semanas.  Te recomendamos: Sheinbaum, a favor de adelantar consulta de revocación de mandato presidencial "Puede salir al final del año la iniciativa presentada por el diputado Ramírez Cuéllar o esperarse hasta el segundo periodo ordinario, que inicia el primero de febrero", explicó. Monreal Ávila subrayó que no se trata de apresurar los tiempos, sino de garantizar que la ciudadanía conozca a fondo el contenido y las implicaciones de la reforma.  "Vamos a esperar que haya una discusión más amplia y que la sociedad sepa de qué se trata la revocación de mandato", enfatizó. Ley de Aguas, prioridad en agenda del Congreso Por otra parte, Ricardo Monreal adelantó que el segundo asunto prioritario en la agenda legislativa será la nueva Ley General de Aguas, una iniciativa que, dijo, requiere sensibilidad y amplio consenso por la diversidad de intereses involucrados. "Es un tema delicado y tenemos que actuar con mucha sensibilidad; escuchar a los agricultores, ganaderos, mineros e industriales, porque el tema del agua tiene muchas aristas y debe ser cuidadosamente legislado", expresó. En entrevista con medios de comunicación, el legislador morenista aseguró que el propósito de la reforma es recuperar la rectoría del Estado sobre este recurso fundamental, pero sin afectar los derechos adquiridos de productores, campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios. Detalló que la próxima semana se llevarán a cabo audiencias públicas en la Cámara de Diputados durante tres o cuatro días, con la participación de asociaciones civiles, industriales, embotelladoras y refresqueras: "Vamos a escucharlos a todos". Aunque reconoció que el proceso legislativo podría enfrentar resistencia de grandes intereses económicos, pero afirmó que los legisladores están preparados para actuar en favor del interés nacional. "Hay forma, aunque haya intereses muy fuertes, los diputados estamos dispuestos a enfrentarlos en beneficio del país, en beneficio de la mayoría de los mexicanos", afirmó. Añadió que los legisladores de la mayoría han decidido subordinar los intereses personales al interés general de la patria, y que cualquier inconformidad o impugnación derivada de las nuevas disposiciones será atendida conforme a la ley.  "En todos los actos de autoridad puede haber inconformidad o recursos jurídicos; todo eso es parte del estado de derecho en el que vivimos". Converso con medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/3u1h8OsuAM — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 11, 2025   vjcm Contenidos Relacionados: Sheinbaum, a favor de adelantar consulta de revocación de mandato presidencialPosponen dictamen de revocación de mandato “No hay plan con maña”: Monreal sobre iniciativa para empatar revocación de mandato con elecciones

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Posponen dictamen de revocación de mandato

Ivonne MelgarA solicitud de la oposición del PAN y del PRI y de sus aliados del PT y PVEM, el jefe de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, pidió posponer la aprobación del dictamen que empalmaría, en junio de 2027, la consulta de revocación de mandato con las elecciones intermedias. Al mediodía, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en San Lázaro anunció que se había comprometido con los líderes parlamentarios de las demás bancadas a interceder, ante la Comisión de Puntos Constitucionales, para que no se hiciera este lunes la discusión y votación del proyecto.  Desde el jueves me están solicitando que podamos dar oportunidad a un mayor debate sobre el tema. Es muy importante. Me han pedido que no sea precipitado, que hoy nos esperemos y que podamos hacerlo después de unos días de analizado el tema. Ellos consideran que es un albazo, así lo han dicho públicamente y me lo han comentado a mí”, declaró en conferencia de prensa el diputado Monreal.  Expuso el presidente de la JUCOPO que la solicitud sería para “esperar unos días, mientras que se amplía el debate entre los diputados y diputadas, para deliberar. Unos días, o sea, que no sea precipitado; no estamos haciendo nada indebido y si no lo estamos haciendo, si nos asiste la razón histórica, la razón moral, la razón política, no tenemos por qué precipitar un tema tan importante”. SOLO POR UNOS DIAS  El diputado Morenal sostuvo que, al final, la Comisión de Puntos Constitucionales -donde Morena tiene los votos para sacar adelante la reforma- determinará, “pero ya está el proceso, ya tiene el dictamen, simplemente ampliar los días para su deliberación”. En seguida, y por su parte, el jefe de la diputación del PAN, José Elías Lixa, celebró el compromiso del líder legislativo de Morena, pero se negó a fijar postura en torno a la reforma.  Nosotros hemos dicho, desde hace seis años, que debiera de ser el pueblo el que tomara esa decisión, por lo tanto, lo que desde en el PAN pensamos, es que se tiene que hacer un análisis completo del tema que involucre a los ciudadanos, que involucre todas las visiones y que como cualquier iniciativa sea analizada y estudiada a fondo, eso sí, sin prisas ni presiones”, declaró el panista.  “Cuando se lleve a cabo el análisis, entonces en ese momento estaremos presentando nuestras consideraciones”, reiteró el coordinador Lixa.  “Es importante no hacer las cosas con prisas y sobre todo que no parezca un madruguete al país, reconozco que a través del diálogo se ha podido escuchar a los grupos parlamentarios y que no sean las prisas las que rijan un proceso de una determinación tan relevante para el país”, celebró el panista.  CAMBIO AL ARTICULO 35 La reforma busca actualizar el Artículo 35 de la Constitución y fue presentada por el vicecoordinador de la bancada de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, bajo el argumento de que de ese modo se ahorrarían recursos. La legislación actual establece que el ejercicio de revocación de mandato no podrá darse de manera simultánea a una elección federal, una concurrencia que desde 2019 buscó sin embargo el entonces presidente López Obrador y que PAN, PRI, PRD y MC lograron frenar cuando tenían esa posibilidad en el congreso. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy (Morena), difundió esta tarde un comunicado en el que cancela oficialmente la sesión que se había convocado para las 6 de la tarde de este lunes y detalla que se realizará hasta nuevo aviso.  El jueves, cuando se dio a conocer que ya se tenía listo el proyecto de dictamen y se notificó a los diputados de Puntos Constitucionales que sesionarían este 10 de noviembre, la bancada del PRI consideró, en voz de su líder, Rubén Moreira, que se trataba de "una bola rápida" que pretendía, sin debate ni análisis previo, concretar una medida encaminada a un sistema autoritario.               Contenidos Relacionados: “No hay plan con maña”: Monreal sobre iniciativa para empatar revocación de mandato con eleccionesTEPJF se declara incompetente en caso contra consejerías del INE por revocación de mandatoCongreso argentino revoca vetos de Milei y asegura fondos a universidades y pediatría

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Alquimia política

Es necesario que la filosofía política analice la historia política; que distinga lo que se debe a las cualidades del pueblo de lo que es debido a la superioridad de las leyes; que determine con cuidado el efecto exacto de cada parte de la Constitución, a riesgo de destruir algunos ídolos de la multitud. Walter Bagehot   Hace 36 años respondí a la extraordinaria periodista Nidia Marín, en entrevista para el periódico Excélsior: “La justicia no tiene nombre, partidos o tendencias ideológicas, el ciudadano y las autoridades deben exigirla, demandarla: es tarea de todos y no privilegio de unos cuantos”. Vigente esta demanda, ante el terrible detrimento y la reducción indescriptible del Estado de derecho; las reformas judicial y la regresiva modificación a la Ley de Amparo son síntomas inequívocos del sometimiento de la Constitución General a una errática y destructiva dictadura. Alquimia política es la metáfora que describe una negra manipulación para transformar y manipular el objetivo de una política democrática, con funestos resultados de un proyecto ambicioso de poder y que ha provocado daños irreparables a las instituciones constitucionales, a la democracia y al espíritu republicano que nos rige; con prácticas especulativas (alquimia financiera) no sostenibles que han situado a la nación en los peores índices de crecimiento, de acuerdo con el Banco de México: 0.6% para 2025 y 1.1% para 2026; según analistas privados: 0.5% para 2025. La tarea de la transformación de marras, ahora en un aparente segundo piso, es una manipulación utilizada para implementar una política, bajo la redundancia y estridencia, de un líder para transformar el entorno político, bajo contradicciones y choques evidentes con la realidad; la lucha contra la corrupción, la inseguridad, la violencia y la impunidad es sólo una manipulación de la realidad a base de falsedades, el engaño al ofrecer convertir plomo en oro. Alquimia diseñada para destruir Órganos Constitucionales Autónomos y otros contrapesos, la cuasi anulación del INE, aunado a un tenaz ejercicio para evitar la educación del pueblo elector, con deliberados y perversos propósitos de ejercer control total sobre los poderes Legislativo y Judicial, como ha quedado evidenciado. Es innegable que la complicidad del Tribunal Electoral ha sido definitiva, reduciendo la democracia, maestros de la alquimia político-electoral para alcanzar una sobrerrepresentación legislativa espuria, que ha consentido modificaciones a la Constitución dando paso a la creación de leyes a modo del ejecutivo. Un Poder Judicial producto de sorteos y tómbolas con simulada votación sustentada en burdos acordeones, que no otorga ni el mínimo atisbo de legitimidad y que se suma a la anticonstitucionalidad de su proceder con supina ignorancia, en dos de sus dos acepciones: ignorancia como desprecio a la Constitución y al derecho e ignorancia por falta de conocimientos y experiencia. Aberraciones jurídicas en tiempos de temor y desconcierto, expresados interna e internacionalmente por el riesgo ante una “judicatura politizada” y, ahora esa incertidumbre se incrementa aún más con la propuesta de la Corte para atentar contra la institución jurídica de la “cosa juzgada”, lo que aumenta de suyo el desprestigio del sistema judicial.  Ignorancia supina del principio general que establece que la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento, nugatoria del derecho que tiene toda persona al acceso a la justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.  Alta expectativa en las instituciones depositarias del Poder Judicial de la Federación: el Órgano de Administración de Justicia y el Tribunal de Disciplina Judicial quienes tienen en sus actuar el reencauzamiento del orden jurídico del Estado mexicano.   APOSTILLA Descanse en paz Carlos Manzo, arteramente asesinado en Uruapan, Michoacán. Su legado debe continuar. Nuestros deseos mejores a la presidenta interina Grecia Quiroz.       Columnista: Federico Ponce RojasImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0

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México, Estado de excepción difuso

La ejecución del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el asesinato del empresario limonero Bernardo Bravo —símbolo de una cadena productiva extorsionada hasta el tuétano—, no son “hechos aislados”, sino huellas visibles de algo más profundo: la retirada, por acción u omisión, del Estado de su deber primario de proteger la vida y la seguridad. Cuando la violencia letal contra autoridades y productores ocurre a la vista de todos, el monopolio de la acción legal de éste se privatiza de facto. Se pasa de la seguridad pública a la administración criminal del territorio, con peajes, permisos y castigos dictados por estructuras mafiosas. Así se ha degradado Michoacán desde Cárdenas Batel a la fecha. El argentino Guillermo O’Donnell llamó “zonas marrones” a los espacios donde la legalidad es intermitente y la ciudadanía es de baja intensidad. Michoacán ha sido laboratorio de esa degradación: la extorsión dejó de ser un tributo clandestino para convertirse en regla de mercado. La muerte del líder limonero que denunció ese régimen del miedo expresa la colonización de la economía por el crimen organizado y transnacional. No es sólo una estadística: es la erosión del horizonte de expectativas que sostiene la vida cotidiana y la inversión productiva. La respuesta oficial ha sido ambivalente: condenas públicas, operativos reactivos y, al mismo tiempo, la negativa a reconocer responsabilidad por la protección fallida. El mensaje es devastador: la seguridad depende de la fortuna y no del derecho. En clave de filosofía del derecho, esto equivale a normalizar un “estado de excepción difuso” (como expusiera el filósofo Agamben), donde las garantías operan de forma selectiva y la línea entre autoridad y fuerza privada se vuelve borrosa. A la par, las recientes reformas constitucionales y a la Ley de Amparo han reducido la capacidad ciudadana de interponer diques legales frente a abusos. Limitar la suspensión con efectos generales y coquetear con la retroactividad procesal precariza la tutela judicial efectiva. Si el amparo pierde dientes, el ciudadano queda inerme justo cuando más necesita tribunales fuertes e independientes. En ese escenario irrumpe la reforma judicial que politiza la selección de juzgadores mediante elecciones populares, en contextos de captura criminal, y expone a jueces y magistrados a campañas de cooptación territorial, clientelas y financiamiento opaco. El primer ciclo de elecciones dejó señales preocupantes: candidaturas improvisadas, renuncias tempranas y cuestionamientos a perfiles sin la pericia mínima. El saldo es una percepción de fragilidad institucional que ahuyenta confianza y capital internacionales. Ninguna democracia prospera con tribunales percibidos como botín. Por eso, desde diversos sectores nacionales e incluso desde Estados Unidos, tan influyente como nunca en la política y seguridad internas, se sostiene que debe cancelarse el proceso de elección de juzgadores previsto para 2027 y abrir, en su lugar, una reforma correctiva: concursos de mérito verdaderamente públicos, servicio civil judicial, blindaje contra presiones políticas internas, externas y criminales, así como un amparo robusto que restituya la suspensión como herramienta eficaz ante normas lesivas. Sin garantías jurisdiccionales, la política de seguridad queda sin contrapesos y se convalida un orden de facto. Un régimen democrático se mide por la vigencia real de derechos. Cuando asesinan alcaldes y empresarios, se desaparecen jóvenes y mujeres todos los días, se asesina también la promesa constitucional de igualdad ante la ley. Restituir el monopolio legítimo de la fuerza, revertir las regresiones del amparo y despolitizar la judicatura, suspendiendo su degradación absoluta con las elecciones de 2027, es un imperativo del cual depende la democracia mexicana.       Columnista: Jorge CamargoImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0

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Reasignaciones presupuestales: indolencia y vacilada

Ivonne MelgarLa oposición en la Cámara de Diputados cuestionó que la seguridad haya quedado fuera de las reasignaciones presupuestales que impulsó el bloque oficialista, así como el recorte a la FGR.  Al hacer un balance de los ajustes al presupuesto para 2026, los coordinadores del PAN, José Elías Lixa, y del PRI, Rubén Moreira, lamentaron que la mayoría de Morena se negara a canalizar recursos al programa para Michoacán. “Las reservas aprobadas son una vacilada; quieren vender como un gran cambio haber reasignado el 0. 2 % de los 10 billones del presupuesto”, comentó el panista.  Recordó Elías Lixa que su bancada impulsó ajustes por 437 mil millones de pesos, equivalente al 4. 7 % del monto total, para fortalecer, entre otros aspectos, la seguridad municipal y, particularmente, a las policías estatales. Detalló el líder parlamentario de Acción Nacional que no puede considerarse una reasignación lo otorgado a la Universidad de Jalisco, cuando se trató de “la corrección de una pifia” que traía la propuesta de la Secretaría de Hacienda. Cuestionó Lixa que otra de las modificaciones presupuestales fue para darle más recursos a los centros de atención infantil que opera el PT. “Esa es otra vacilada: les dan apoyo a sus socios, pero no le asignaron un solo peso más a la seguridad; y más vergonzoso y doloroso resulta que no se asignaran recursos concretos para Michoacán”.  Recordó el panista que el debate presupuestal se dio justo cuando la presidenta Claudia Sheinbaum anunció del plan de pacificación para esa entidad y que, para garantizarlo, su bancada planteó una reasignación de 10 mil millones de pesos.  Lamentó el panista que, al final, quedó “un presupuesto indolente que se procesó sin la más mínima sensibilidad y sin de la urgencia que se vive en las comunidades de este país, desatendiendo la seguridad y la procuración de justicia, dos temas prioritarios para todos”.  PRI cuestiona proceso y prioridades El jefe de los priistas en San Lázaro cuestionó que los ajustes al reparto presupuestal se realizaran en el pleno y no como parte sustantiva del trabajo en las comisiones legislativas.  Cuestionó el diputado Rubén Moreira que particularmente la bancada del PT utilice el turno para la presentación de reservas sólo como un recurso de discurso ideológico, cuando éstas deberían ser la oportunidad para la construcción de acuerdos.  “Es una lástima que Morena no apruebe, de ningún partido, ninguna necesidad sentida de las comunidades que los diputados representan”, dijo en alusión al rechazo que experimentaron todas las propuestas de la oposición que representa al 46 % del electorado.  El coordinador de la diputación priista dijo que no debe perderse de vista que el criterio de reasignación fue aplicar los recortes a todos los órganos que, por su carácter autónomo, le entregaron a la Secretaría de Hacienda sus requerimientos presupuestales: Poder Judicial, FGR, INE, Tribunal Electoral, entre otros.  Sostuvo el diputado Moreira que el paquete económico para 2026 gira en torno a subir impuestos, perseguir a los contribuyentes, seguir tomando deuda y recorte al presupuesto de los poderes y organismos a los que Hacienda no les podía quitar cuando presentó la propuesta.  “El saldo final no es bueno para nadie; fue una reasignación que se hizo de manera apresurada, por lo que hay una sin razón en los rubros, ajena a las prioridades que se dice tener”, concluyó.            Contenidos Relacionados: Chocan grupo de diputados de Morena y oposición por homicidio de ManzoDiputados aprueban, en lo general, el Presupuesto 2026Entre luto, pancartas y reclamos, diputados arrancan debate del Presupuesto 2026

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MilenioMilenio
Solicitan a la Corte realizar audiencias públicas sobre tema de prisión preventiva oficiosa
OvacionesOvaciones
Deberá Corte determinar si abre audiencias públicas por prisión preventiva
La Jornada San LuisLa Jornada San Luis
SCJN analiza abrir segunda audiencia pública por prisión preventiva oficiosa y arraigo
Periódico ZócaloPeriódico Zócalo
SCJN analiza abrir segunda audiencia pública por prisión preventiva oficiosa y arraigo
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Según Reforma, gerentes de gigantes en EU se quejan con Trump de Reforma Judicial

Los empresarios solicitaron al Ejecutivo estadounidense “presionar para que las empresas sean protegidas ante la politización del Poder Judicial en México, que pone en riesgo arbitrajes independientes frente a caprichos políticos”, dice el diario. The post Según Reforma, gerentes de gigantes en EU se quejan con Trump de Reforma Judicial first appeared on SinEmbargo MX.Leer el texto completo en sinembargo.mx

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Editorial: Poder Judicial: fallos ejemplares

En febrero pasado, la ex ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández admitió un amparo de Primero Empresa Minera, filial de la canadiense First Majestic Silver Corp, en el que ésta alega la inconstitucionalidad del artículo 92, fracción II, de la Ley del ISR (2012), por vulnerar sus derechos a la seguridad jurídica, confianza legítima y acceso a la justicia. Tras establecer que dicho recurso es una táctica dilatoria, este jueves la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo desechó y dejó firme la sentencia de un tribunal colegiado que ordena pagar un crédito fiscal por más de 2 mil 868 millones de pesos correspondientes a impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, actualizaciones, recargos y multas del ejercicio 2012.

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Excusa la Corte a María Estela Ríos de ponencia sobre Elektra

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la solicitud de la ministra María Estela Ríos González para excusarse de ser ponente y participar en la resolución de un recurso promovido por Grupo Elektra contra la ministra Lenia Batres Guadarrama, al reconocer que la “cercanía” entre ambas –por haber trabajado juntas en la Consejería Jurídica de la Presidencia– podría comprometer su imparcialidad.

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Judicatura, bajo la lupa por 272 mdp en opacidad; revisión de la Cuenta Pública 2024

Raúl Flores MartínezEl Consejo de la Judicatura Federal (CJF) incurrió en deficiencias para manejar recursos destinados a la adquisición de bienes y la contratación de servicios, que suman 272.4 millones de pesos sin aclarar. La revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2024 revela un patrón de opacidad y falta de control administrativo del órgano, hoy extinto debido a la reforma judicial. Por ejemplo, el CJF no hizo efectiva una fianza por 431.9 mil pesos a una empresa por la suspensión del servicio de comedor en su sede regional de Toluca. También se detectaron pagos millonarios por servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento sin la evidencia que comprobara su prestación. Tres compañías de seguridad privada recibieron 21.4 millones sin demostrar la ejecución del servicio. Otras empresas cobraron casi 50 millones de pesos por limpieza y mantenimiento sin comprobantes ni registros de asistencia del personal. En otro caso, la Judicatura desembolsó más de 92 millones por servicios de impresión y copiado sin los reportes obligatorios. De acuerdo con el Tomo V del informe Poder Judicial, el CJF reportó ingresos por 70 mil 55 millones de pesos, aunque su presupuesto original era de 68 mil 917 millones.   DETECTAN ANOMALÍAS POR 272 MDP EN CJF La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encendió las alarmas en el Poder Judicial, debido que durante la revisión de la Cuenta Pública 2024, el entonces Consejo de la Judicatura Federal (CJF) fue señalado por múltiples deficiencias en el manejo de recursos destinados a la adquisición de bienes y la contratación de servicios, irregularidades que suman 272.4 millones de pesos sin aclarar. De acuerdo con el Tomo V del informe “Poder Judicial”, el CJF reportó ingresos totales por 70 mil 55 millones de pesos, aunque el presupuesto originalmente autorizado ascendía a 68 mil 917 millones. La auditoría practicada tuvo como objetivo verificar la correcta aplicación de esos recursos; sin embargo, los hallazgos revelan un patrón preocupante de opacidad y falta de control administrativo. Entre las principales observaciones destaca que el CJF no hizo efectiva una fianza por 431.9 mil pesos a la empresa Profesionales en Comidas Industriales S.A. de C.V. por la suspensión del servicio de comedor en su sede regional de Toluca. Además, se detectaron pagos millonarios por servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento, sin la evidencia documental que comprobara su prestación efectiva. Por ejemplo, tres compañías de seguridad privada recibieron 21.4 millones de pesos sin demostrar la ejecución del servicio. Otras empresas, como Eos Limpieza e Inmobiliaria DNI, cobraron casi 50 millones de pesos por limpieza y mantenimiento sin comprobantes ni registros de asistencia del personal. En el caso de Distri Copy S.A. de C.V., el CJF desembolsó más de 92 millones de pesos por servicios de impresión y copiado sin los reportes técnicos obligatorios. La ASF también detectó pagos sin respaldo por servicios tecnológicos y de soporte informático, entre ellos los de Microsoft México, IQsec y UNINET, por más de 200 millones de pesos. Ninguno presentó documentación suficiente que justificara la ejecución de actividades o la aplicación de penas convencionales por retrasos y fallas. Pese a que el dictamen concluye que el CJF cumplió “en términos generales” con la normativa, los resultados arrojan 11 recomendaciones, 11 pliegos de observaciones y 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, además de una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. Los resultados de la ASF señalan que el entonces Consejo de la Judicatura Federal dejó sin aclarar 272 millones 437 mil pesos, cifra que refleja una preocupante relajación en los controles internos del Poder Judicial, órgano que tiene la misión de garantizar la legalidad y la transparencia en el país.   ESTADOS CONCENTRAN POSIBLE QUEBRANTO La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la Cuenta Pública 2024 por seis mil 969 millones de pesos, de los cuales aún quedan pendientes de aclarar cinco mil 823 millones, informó a diputados el titular de la ASF, David Colmenares Páramo. Según el informe consolidado de la ASF, del total de seis mil 969 millones de pesos observados, más de 86%, es decir, seis mil cuatro millones, corresponde al gasto federalizado ejercido por estados y municipios, particularmente en salud, infraestructura física y educación. De este monto, restan por aclarar cinco mil 21 millones de pesos. De los cuales, desafortunadamente, más de 35% de este monto fue determinado en las auditorías efectuadas a los servicios de salud, también subrayan los servicios de salud prestados por los gobiernos estatales, mismos que fueron financiados con recursos de origen federal”, indicó Colmenares Páramo. Entre los conceptos con mayor opacidad destacan el gasto de estados y municipios en materia de salud, con mil 591 millones de pesos; en infraestructura física y saneamiento financiero, con mil 391 millones; en educación, con mil 330 millones, e infraestructura social, con 666 millones. Por entidades, las que lideran mayor opacidad o posible quebranto en el ejercicio de recursos federales destacan Veracruz, con un monto de mil 114.3 millones de pesos; Hidalgo, con 583 millones; Durango, con 390 millones; Morelos, con 226.9 millones, y Chiapas, con 206.9 millones. Colmenares hizo notar que los gobiernos de la Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas no tuvieron observación alguna en las auditorías de la segunda entrega de la Cuenta Pública 2024. NIVEL FEDERAL En tanto, más de 965 millones de pesos en probables irregularidades corresponden a entes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y, principalmente, el Judicial, con 49% del total, faltando de explicar aún el destino de 802 millones. Al hacer la segunda de tres entregas de informes de fiscalización correspondientes al último año de la administración del expediente Andrés Manuel López Obrador, el auditor superior informó que siguen en curso otras auditorías relevantes con la meta de sumar alrededor de dos mil millones más y presentar la información final en febrero de 2026. En el antiguo PJF se hallaron deficiencias y omisiones en el manejo de recursos por más de 323 millones de pesos, destacando el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Sobresalen también los casos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con 215 millones de pesos; la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con 84 millones; la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 72 millones; la Secretaría de Marina (Semar), con 62 millones; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con 34 millones, y la Secretaría de Salud, con 19 millones, entre otras. PODER JUDICIAL En el caso de mayor opacidad en el ejercicio de recursos públicos en el Poder Judicial de la Federación, los mayores montos observados corresponden a pagos sin comprobación a empresas de limpieza; seguridad privada; tecnología y software, así como arrendamiento inmobiliario. Todas, sin documentación que acreditara los servicios prestados. El Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral fueron objeto de auditorías de cumplimiento forense, enfocadas en la revisión de adquisiciones y servicios contratados, donde la ASF halló pagos sin evidencia documental, servicios no comprobados y omisiones en la aplicación de sanciones a proveedores.   cva   Contenidos Relacionados: Detecta la ASF anomalías por $661 millones; municipios y estados con más fallasSin rastros, recursos de salud en Hidalgo; debe aclarar cuentas públicasDefinen fecha para discutir presupuesto 2026 en Congreso CDMX

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Frentes Políticos / 22 de octubre de 2025

1. Basta. El asesinato de Bernardo Bravo, líder citrícola de Apatzingán, cimbró al país. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el crimen como “muy triste” y confirmó que el Gabinete de Seguridad respalda a la fiscalía de Michoacán, entidad gobernada por Alfredo Ramírez Bedolla, para dar con los culpables. Ya hay un detenido: Rigoberto “N”, presunto extorsionador y autor intelectual, informó Omar García Harfuch, titular de la SSPC. Bravo había denunciado las cuotas criminales impuestas al gremio. Su voz se apaga, pero la realidad que permanece es que denunciar sigue costando la vida. Hora de ponerle freno. 2. Aprobado. Marcelo Ebrard salió muy bien librado de su comparecencia con integrantes de la Jucopo de la Cámara de Diputados, liderada por Ricardo Monreal. En una reunión privada que se extendió por más de dos horas, Ebrard actualizó a legisladores de todos los partidos sobre el estado de la negociación comercial con EU a los que invitó a construir una posición común frente a la revisión del T-MEC. Más allá de algunos cuestionamientos puntuales de PRI y PAN, Ebrard recibió reconocimientos de todas las bancadas por la conducción de las negociaciones con EU. Va bien. 3. ¿Y los porqués? La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, liderada por Pablo Gómez, canceló a última hora la audiencia pública que se celebraría hoy en Toluca, donde más de 50 personas estaban inscritas como ponentes, con escasos minutos para cada uno. El pretexto, “ajustes de agenda”. Arturo Zaldívar agradeció y prometió reprogramar. ¿Ajustes de quién? ¿Justo ahora? ¿Qué mensaje se envía a la ciudadanía que busca participar en un proceso electoral más equitativo? La democracia no se construye sobre imprevistos ni se fortalece con silencios. Se requieren los porqués. 4. Inconformidad. Las primeras audiencias públicas de la SCJN, que preside Hugo Aguilar Ortiz, no salieron como se esperaban. Y es que grupos en defensa de personas con discapacidad externaron su preocupación y molestia por el proyecto que presentó la ministra Lenia Batres sobre el criterio que debe prevalecer sobre la consulta en leyes que a ellos se refieren. Ya pasaron dos de los tres días de consulta y el ánimo es el mismo, ya que estos grupos aseguran que el proyecto es regresivo y afecta sus derechos, pues la propuesta busca eliminar la obligatoriedad de consultar a las personas con discapacidad antes de aprobar leyes que los involucran. ¿Eso es escuchar al pueblo o ignorarlo? 5. Entrometido. El senador Gerardo Fernández Noroña solicitó licencia para viajar a Palestina en medio de polémicas sobre su patrimonio, uso de aviones privados y demás escándalos. Asegura que el viaje tiene carácter humanitario y que será financiado por Emiratos Árabes Unidos, lo cual despierta preguntas y suspicacias. No sería la primera vez que Fernández Noroña miente. Aunque afirma que pudo haber acumulado inasistencias, decidió “hacer lo correcto” y separarse del cargo por 10 días. ¿Solidaridad o escapismo diplomático? El que no puede con los problemas locales rumbo a donde nadie lo llama.   Columnista: Frentes PolíticosImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0

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Legislativo no consideró nuestras modificaciones en Ley de Amparo: Barra Mexicana de Abogados

Ana María Kudisch Castelló, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados (BMA), aseguró que, aunque sus mejores expertos se reunieron en foros tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para discutir las reformas a la Ley de Amparo, éstas se aprobaron sin atender las modificaciones que presentaron.​Restricciones e implicacionesen la Ley de AmparoEn entrevista para MILENIO Televisión, con Carlos Zúñiga, la abogada declaró que la BMA está preocupada en lo relativo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la prevención preventiva oficiosa, porque los justiciables “no podrán estar en libertad mientras esperan la resolución de un amparo”.La BMA aseguró que, la Ley de Amparo restringe la figura de la suspensión, tanto provisional como definitiva, al sujetarla a requisitos que dificultan su obtención y reducen la posibilidad de defensa de los justiciables.“Hay que constatar la existencia del acto reclamado, que sea teniente ejecución, hay que acreditar este interés suspensional y también, pues que no se perjudique el interés social y disposiciones de orden público”, indicó.Impacto en los derechos humanosExplicó que, en principio de progresividad, los derechos humanos, deberían de estar ampliados, no restringidos. Además, dijo que, no debería de haber una esfera respectiva en su protección, es por ello que,los amparos tardan en resolverse desde cinco meses hasta un año, porque no se cuenta con la cantidad necesaria de personas para poder estudiar, resolver y emitir una resolución a los expedientes que existen.“Todas estas reformas generan muchísima ansiedad y preocupación. Solo nos queda visibilizarlo, y estar al pendiente de la situación. Como abogacía mexicana, tenemos la responsabilidad de hacerle saber a nuestros clientes esto, que estén conscientes de cómo es que tenemos que estar aplicando esta ley y de los perjuicios que pueden ellos tener como consecuencia de ello”, señaló.Asimismo, comentó que, las cuestiones relacionadas a la UIF y a la prisión preventiva oficiosa, afectan en materia de impuestos a las grandes empresas de grandes capitales, de grandes sumas de dinero que terminan en los tribunales.“Las modificaciones afectan muchísimo la inversión dentro de nuestro país, porque cuando hay una justicia que no se sabe cómo va a funcionar y que además de todo tiene una serie de reformas que no hacen más que restringir una serie de cuestiones hacia los derechos humanos, se genera incertidumbre”, agregó.JCC

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Guillermo Valls Esponda llama a soluciones justas; reunión de magistrados

Leticia Robles de la RosaEl presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Guillermo Valls Esponda, aseguró que la transformación de la justicia debe ser popular, democrática, honesta y transparente. Durante la inauguración del 30 Congreso Nacional de Magistradas y Magistrados, que tuvo como columna vertebral la discusión sobre los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, destacó que el TFJA comparte con el gobierno de México su compromiso con la justicia, con la democracia y, sobre todo, con el pueblo. Guillermo Valls Esponda destacó que modernizar la impartición de justicia en México es un imperativo e “impulsar un modelo de justicia alternativa que a través de la mediación permita resolver disputas garantizando soluciones justas y aceptadas por las partes, es una estrategia de modernización que transforma”. Sobre la apertura del Centro Público de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del TFJA, explicó que “es una institución que habrá de consolidar nuestro compromiso con una justicia más cercana y moderna, orientada a la conciliación y el acuerdo entre las partes”, y constituyen un paso histórico en la impartición de justicia porque se institucionaliza la mediación como instrumento de justicia administrativa. Dio la bienvenida a las magistradas y magistrados que a propuesta de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, fueron ratificados por el Senado de la República para incorporarse próximamente a la Sala Superior del Tribunal. “Cada sentencia, cada acuerdo y cada decisión jurisdiccional son fruto del trabajo comprometido de mujeres y hombres que creen en la justicia como motor de la transformación. Con la fortaleza que nos da la unión y el profesionalismo, hoy los convoco a no bajar la guardia, sigamos adelante con la certeza de que estamos sirviendo a México con dignidad, con honor y con responsabilidad. Trabajemos hoy y siempre para que México coseche frutos de equidad. Que nuestro legado sea la justicia que soñamos. Sigamos trabajando por México”, afirmó. Contenidos Relacionados: Seguiremos siendo la voz que defiende al pueblo: Guillermo Valls EspondaEl TFJA aumentó en 11% la emisión de sentencias durante 2024: Guillermo Valls'Emoción electoral no debe ofrecer soluciones': Valls Esponda

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El nuevo Estado gandalla en México

El rey Juan era un gandalla. No lo sabía porque ese adjetivo no existía a principios del siglo XIII en Inglaterra. La palabra surgiría siglos después en un lugar llamado México cuyo significado, de acuerdo con el Diccionario de mexicanismos, se refiere a una persona “que se aprovecha de alguien o se apropia de lago de manera artera”.    Pero de que era gandalla, era muy gandalla.  Abusaba del poder absoluto que tenía. Aumentaba desmesuradamente los impuestos para financiar guerras que perdía. Tomaba decisiones arbitrarias que no justificaba. Quizá donde más claro se veía su cualidad de gandul, era en la relación con sus pares de la aristocracia a los cuales trataba con crueldad con un estilo despótico. Juan ignoraba las leyes feudales tradicionales y castigaba a sus enemigos sin juicio justo. Tomaba tierras y propiedades de los barones sin seguir procesos legales. No respetaba los derechos tradicionales de los nobles y usaba su poder para exigir rescates, multas y tributos sin justificación. Todo esto llevó a que los barones del reino se sublevaran en su contra. No aguantaron su gandallez.  Para terminar con la revuelta, Juan I de Inglaterra firmó en 1215 un documento que sentó las bases para limitar el poder del monarca: la Carta Magna. Se trata de uno de los compromisos más importantes en la historia del derecho y la libertad. Ahí se plasmó que el monarca debía respetar la ley. No podía gobernar de manera absoluta. El rey debía consultar a los barones para imponer nuevos impuestos. Se ordenó que ninguna persona libre podía ser arrestada, encarcelada o castigada sin un juicio justo ante sus iguales y de acuerdo con la ley. A partir de la Carta Magna, se estableció que el monarca no podía recaudar impuestos extraordinarios sin la aprobación del consejo de nobles. Se protegieron los derechos feudales de los barones y la propiedad privada frente a confiscaciones arbitrarias.  En otras palabras, la ley impedía la gandallez del soberano.  Y no es que Inglaterra, a partir de entonces, se deshizo de los reyes gandallas. Sin embargo, a diferencia de otras monarquías, los soberanos ingleses estuvieron más atados de manos que otros si querían gozar del apoyo de sus pares de la aristocracia quienes les proveían de tributos y ejércitos.  La Carta Magna es un documento que protegía a los nobles frente al rey, no a toda la población. No obstante, con el tiempo, estos principios sirvieron de base para el avance de los derechos humanos y libertades generalizadas que existen en varios países hoy en día.  En México, desde su creación, hemos luchado por limitar el poder de los gobiernos soberanos. El problema es que aquí el Estado de derecho siempre ha sido más una aspiración que realidad.  Con todo, algo se logró en los años de la transición a la democracia para afianzar los límites de los gobernantes.  Hasta que llegó López Obrador al poder. Al tabasqueño nunca le gustó que le pusieran restricciones. Él quería gobernar sin ataduras y, por eso, fue desmantelando el régimen de pesos y contrapesos que limitaban el poder del Presidente.  Es interesante que AMLO justificó dichas acciones bajo el argumento de que una “minoría rapaz” se había agandallado de México. Y algo de razón tenía, porque ciertos grupos de poder fáctico (grandes empresarios o poderosos sindicatos, por ejemplo) sí se habían aprovechado de la ciudadanía apropiándose de cuantiosas rentas de manera artera.  Su solución, empero, fue regresar a la gandallez histórica del Estado. Como un clavo saca otro clavo, se requiere un gandalla para sacar a otro gandalla.  El problema es que la falta de límites a los gobernantes siempre ha terminado mal en nuestro país. La ciudadanía queda descobijada sin posibilidad de defenderse de los agandalles del Estado.  Eso es lo que está consolidando el nuevo gobierno de Sheinbaum: un Estado gandalla que legalmente tendrá todos los instrumentos para aprovecharse de los ciudadanos y apropiarse de sus recursos de manera artera.  Para eso hicieron la reforma judicial. Se quedaron ya con el control de los jueces que obedecerán a los dictados de los gobernantes.  No contentos con lo logrado, ahora modificaron la Ley de Amparo con el fin de darle un mayor poder al Estado cuando éste, como sucede cuando se concentra el poder en un país, comience con el inevitable agandalle. No habrá manera de defenderse.  De la velocidad y profundidad de los abusos que comentan los gobernantes en esta nueva etapa de un Estado gandalla en México dependerá el surgimiento de otra fase rebelde de la ciudadanía que demande nuevas reglas que limiten al poder.  No tengo la menor duda que todo esto pasará.                                 X: @leozuckermann Columnista: Leo ZuckermannImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0

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México ante el abismo jurídico

La reforma, con efectos retroactivos, aprobada por el Congreso mexicano a la Ley de Amparo ha encendido focos rojos en el ámbito internacional. Gobiernos, organismos multilaterales, analistas jurídicos y actores económicos del extranjero han comenzado a emitir señales de preocupación sobre el rumbo institucional del país. Washington, Bruselas y Ginebra se preguntan: ¿sigue siendo México un Estado de derecho confiable para la protección de derechos e inversión?. Su respuesta es no; México es un país sin Estado de derecho y con una corrupción que baja desde las esferas más altas del poder hasta la ventanilla más elemental.  Los empresarios globales han leído bien las señales y frenado nuevas inversiones ante la creciente incertidumbre jurídica, particularmente por la polémica elección de jueces laborales federales, hecho denunciado públicamente por el Congreso de Estados Unidos debido a su captura por sindicatos del oficialismo.  De acuerdo con documentos de éste, el impulso autocrático iniciado por el lopezobradorismo, “sustentado por una nueva clase política apalancada por corrupción y grupos criminales”, está generando estas reformas para reproducirse en el poder.  La OCDE, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Estados Unidos, así como instituciones académicas y financieras han comenzado a cuestionar el retroceso que esta reforma representa en las siguientes dimensiones: La reforma al amparo impacta en cuatro áreas clave: restringe el acceso a la justicia para colectivos al exigir requisitos más estrictos de interés legítimo; elimina suspensiones judiciales que protegían a empresas frente a decisiones arbitrarias; debilita la capacidad de los jueces para hacer cumplir sus sentencias, fomentando la impunidad; y viola tratados internacionales como el T-MEC, exponiendo al Estado mexicano a arbitrajes millonarios por trato inequitativo a inversionistas. La ley de amparo es inconstitucional e inconvencional porque, pese a la mentira reiterada de Palacio, tiene efectos retroactivos. El gobierno miente a los mexicanos y al capital extranjero. Nadie está a salvo.   La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que los Estados miembros deben garantizar recursos judiciales eficaces, especialmente para poblaciones vulnerables. La reforma mexicana contraviene el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos al restringir la posibilidad de amparos colectivos o de interés difuso. Para la OCDE es claro que la confianza inversora depende en gran parte de la previsibilidad y acceso a mecanismos legales eficaces. Al eliminar suspensiones y cerrar caminos al control judicial de actos fiscales, México se aleja de los estándares de gobernanza y transparencia.  El capítulo 14 del T-MEC garantiza trato justo a inversionistas; al eliminar mecanismos legales internos contra actos arbitrarios, la reforma lo viola. Los ciudadanos mexicanos ya pueden acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos por violaciones sistemáticas y el debilitamiento institucional. Aunque, en principio, debe agotarse la vía interna, la Corte IDH permite excepciones cuando los recursos nacionales son ineficaces o inexistentes, como ocurre con la reforma al amparo, que limita gravemente el acceso a la justicia y deja sin protección real los derechos fundamentales. Existe imposibilidad objetiva o una denegación sistemática de justicia. Recordemos que ya se desarrolla un litigio abierto por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ante la CIDH, en relación con las reformas judiciales propuestas y su impacto en la independencia judicial. América Latina avanza en la ampliación de derechos colectivos y fortalecimiento de la justicia constitucional —Colombia, Argentina y Costa Rica—, mientras que México retrocede hacia un modelo de control estatal e indefensión de los gobernados.   Columnista: Jorge CamargoImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0

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