La medida busca fortalecer la seguridad y combatir delitos como la extorsión telefónica.

Según la propuesta regulatoria, los lineamientos finales se publicarán en diciembre de 2025, dando paso al inicio del registro obligatorio en enero de 2026. A partir de esa fecha, los usuarios dispondrán de un plazo de 120 días para completar el proceso.

Para las personas extranjeras, el registro se realizará utilizando su pasaporte.

Las compañías proveedoras de servicios móviles, como Telcel, AT&T y Movistar, tendrán la obligación de habilitar plataformas y herramientas, tanto presenciales como digitales, para facilitar el trámite a sus clientes, además de mantener campañas informativas para asegurar que todos los usuarios conozcan los plazos y procedimientos. Las consecuencias de no realizar la vinculación en el tiempo estipulado son significativas: aunque la línea no será cancelada de inmediato, su funcionalidad quedará severamente limitada. El servicio se restringirá únicamente a llamadas de emergencia, contacto con servicios de atención ciudadana y el acceso al portal del operador para poder completar el registro pendiente. Una vez concluido el periodo de gracia, las funciones regulares como llamadas y mensajes podrían ser bloqueadas temporalmente hasta que el usuario cumpla con el requisito.