Según las autoridades rusas, WhatsApp es utilizada para organizar actos terroristas, reclutar participantes en actividades ilícitas y facilitar fraudes.

Esta no es la primera medida que toma el gobierno, ya que en agosto limitó la función de llamadas de voz en la aplicación y ha estado promoviendo activamente el uso de 'Max', una alternativa de mensajería local desarrollada por el gigante tecnológico VK. Moscú exige que tanto WhatsApp como Telegram proporcionen acceso a los datos de los usuarios cuando las fuerzas del orden lo soliciten en el marco de investigaciones. En respuesta, Meta ha calificado la medida como un acto con trasfondo político, argumentando que el verdadero objetivo de Rusia es restringir el acceso a una herramienta de comunicación segura para sus ciudadanos y limitar la libertad de información. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación de que estas exigencias se utilicen para perseguir a críticos del Kremlin, de la guerra en Ucrania o del presidente Vladimir Putin. Mientras tanto, la discusión sobre el futuro de WhatsApp en Rusia sigue abierta, generando incertidumbre entre sus millones de usuarios en el país y aumentando la preocupación internacional sobre la privacidad y la libertad de expresión.