La nueva regulación exige que cada número celular esté asociado a una persona física o moral mediante documentos oficiales.

Para los individuos, será necesario presentar la credencial del INE, pasaporte o CURP, mientras que las empresas deberán utilizar su RFC.

El incumplimiento de este requisito resultará en la suspensión definitiva del servicio, eliminando la posibilidad de comprar una tarjeta SIM en una tienda de conveniencia y activarla de forma anónima, una práctica común hasta ahora. El experto en telecomunicaciones, Javier Matuk, ha destacado la obligatoriedad de la ley, señalando que “la ley es la ley y a partir del 9 de enero tendrás que registrar tu línea celular [...], de lo contrario, dejará de funcionar”. Esta medida afectará no solo a los nuevos usuarios, sino a la totalidad de las líneas existentes, que deberán completar el proceso de vinculación a través de los canales que establezcan operadores como Telcel. La disposición también genera preocupaciones sobre la portabilidad numérica, ya que el proceso de registro podría vulnerar la continuidad del servicio y la protección de los datos personales de los usuarios al cambiar de compañía. El objetivo implícito es fortalecer la seguridad y tener un mayor control sobre el uso de las líneas móviles en el territorio nacional.