La directiva inicial, además, exigía que la app no pudiera ser desinstalada por el usuario. Apple comunicó al gobierno indio que no acataría la orden, argumentando que su política global prohíbe mandatos de software gubernamental que comprometan la arquitectura de seguridad y privacidad de iOS. Esta negativa se produce en un momento en que más del 25% de los iPhones ya se ensamblan en territorio indio, lo que evidencia la importancia del país para la estrategia de Apple de reducir su dependencia de China. La presión de Apple y la atención mediática internacional llevaron al gobierno indio a suavizar su postura, confirmando que la aplicación podrá ser eliminada por los usuarios. Sin embargo, las fuentes indican que Apple sigue sin estar dispuesta a ceder en la preinstalación. Este no es el primer choque entre ambas partes; en enero de 2025, el gobierno indio ya había intentado, sin éxito, obligar a Apple y Google a incluir una tienda de aplicaciones estatal en sus dispositivos. La firmeza de Apple se interpreta como un intento de no repetir los compromisos que tuvo que aceptar en China, donde migró datos de iCloud a servidores estatales y eliminó apps por orden del gobierno.