Para las autopartes, las tarifas se situarían entre el 10% y 50%.

El gobierno justifica la medida como una acción necesaria para proteger cerca de 320,000 empleos y combatir la importación de productos a “precios artificialmente bajos”, enmarcada en el “Plan México”. La propuesta ha provocado una fuerte reacción de la industria. La Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz (Anapsa) han solicitado diferenciar entre autos terminados y componentes, argumentando que muchas piezas importadas, como las de tecnología y software, complementan la manufactura nacional y no se producen en Norteamérica, por lo que un arancel generalizado afectaría la competitividad y al mercado de repuestos. Por su parte, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) advirtió que la medida amenaza inversiones por más de 60 mil millones de pesos y 32,000 empleos, además de limitar las opciones para el consumidor. La medida impactaría directamente a marcas chinas como BYD, MG Motor y Chirey, y a fabricantes globales como General Motors, que importa el 63% de sus modelos vendidos en México desde China. Este contexto de incertidumbre ya tuvo consecuencias, como la decisión de BYD de cancelar sus planes para construir una planta en México.