La iniciativa, presentada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, forma parte del “Programa de Protección para las Industrias Estratégicas de México” y afectaría a más de 1,400 fracciones arancelarias. El objetivo, según Ebrard, es fomentar la producción local, sustituir importaciones asiáticas y proteger más de 320,000 empleos en sectores vulnerables a prácticas de competencia desleal, como la venta de productos por debajo de su “precio de referencia”. La medida también se alinea con la presión de Estados Unidos para limitar la entrada de mercancías chinas a la región y se considera un paso estratégico de cara a la renegociación del T-MEC en 2026. La industria automotriz ha reaccionado de forma dividida. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que representa a las marcas tradicionales, respaldó la medida para asegurar un “mercado nacional justo”. En contraste, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) advirtió que el arancel amenaza inversiones por más de 60,000 millones de pesos en puntos de venta de marcas chinas y pone en riesgo 32,000 empleos directos. Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, afirmó que “se tendrían que ajustar los precios al público”, lo que limitaría las opciones del consumidor, especialmente en vehículos eléctricos. Por su parte, la Industria Nacional de Autopartes (INA) solicitó un enfoque diferenciado, pidiendo que no se aplique de forma generalizada a componentes que son necesarios para la manufactura en México y no se producen en Norteamérica. La Cámara de Comercio y Tecnología México-China expresó su “profunda preocupación” por el posible “impacto inflacionario sin precedentes” y advirtió que Pekín “protegerá decididamente sus derechos e intereses”.