La medida ha generado un intenso debate. Por un lado, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) la respaldan, considerándola necesaria para garantizar una “competencia justa” y fortalecer las cadenas productivas.

Incluso se presenta como un “rescate” para armadoras establecidas como Volkswagen.

Por otro lado, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) advierte que la tarifa amenaza inversiones por más de 60 mil millones de pesos y 32 mil empleos en agencias de marcas chinas, además de limitar las opciones para el consumidor. La Cámara de Comercio y Tecnología México-China expresó su “profunda preocupación”, alertando sobre un “impacto inflacionario sin precedentes”.

Analistas como el exembajador Jorge Guajardo sostienen que un arancel del 50% apenas “les haría cosquillas” a los fabricantes chinos debido a sus bajos costos, sugiriendo que se necesitaría un 100% o 150% para ser efectivo. Esta visión es compartida en un reporte de Bloomberg, que afirma que los autos eléctricos chinos seguirían siendo competitivos. Ebrard, sin embargo, ha minimizado el impacto en los precios, estimando un efecto inflacionario de “alrededor de 0.3 por ciento cuando mucho”.