Aunque el acta del Departamento de Comercio nombra específicamente a las empresas Deacero y Talleres y Aceros (Tyasa), se espera que el castigo se extienda a todas las acereras del país. La justificación de Washington se basa en que las empresas mexicanas supuestamente vendieron el producto por debajo de su valor normal y no cumplieron con la entrega de información solicitada, aplicando una medida punitiva. Las compañías mexicanas rechazan estas acusaciones, calificándolas de “arbitrarias e injustificadas”, y han anunciado que apelarán ante la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, un proceso que podría demorar años. Esta acción intensifica la presión sobre una industria que ya había visto caer sus exportaciones de acero a Estados Unidos en un 20% durante el primer semestre de 2025 debido a las tarifas previas.