Ebrard ha expresado su confianza en que el proceso será una “revisión” y no una “renegociación” que reabra todos los capítulos.

Sin embargo, la preocupación central de México es que la administración de Donald Trump cumpla con el tratado, ya que actualmente se aplican aranceles bajo la sección 232 por seguridad nacional a productos como el acero y el aluminio, además de amenazas al sector automotriz y al tomate. Estados Unidos, por su parte, ha puesto sobre la mesa 50 temas de queja, principalmente relacionados con barreras no arancelarias.

El contexto político en Estados Unidos es crucial, ya que el ejecutivo necesita una Autorización de Promoción Comercial (TPA) del Congreso para negociar sin interferencias, la cual expiró en 2021. La revisión no será un trámite menor, sino un proceso político con profundas implicaciones económicas, donde el Congreso estadounidense tendrá la última palabra, y donde se abre una oportunidad para que los empresarios de los tres países hagan un frente común en defensa del tratado.