La disolución implica que las aerolíneas ya no podrán coordinar precios, rutas ni capacidad de manera conjunta.

Sin embargo, se les permitirá mantener acuerdos de código compartido y la reciprocidad en sus programas de viajero frecuente. La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el impacto económico de la decisión, defendiendo que el traslado de la carga al AIFA fue una medida de protección civil y no arbitraria. Por su parte, Aeroméxico lamentó la resolución, afirmando que “pasa por alto los beneficios que la alianza ha brindado a la conectividad, el turismo y a los consumidores en México”. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) alertó sobre posibles consecuencias negativas para el empleo y la competitividad de la aviación nacional. Se estima que la medida podría afectar hasta 23 rutas y más de un millón de asientos anuales, con un impacto económico de al menos 510 millones de dólares.