La medida, incluida en el Paquete Económico 2026, busca proteger la industria nacional y responder a presiones comerciales, pero genera debate sobre su impacto en precios, inversiones y empleo.

La propuesta arancelaria abarca mil 463 fracciones de productos, incluyendo autos ligeros, autopartes, acero, textiles, calzado y juguetes.

La justificación del gobierno, expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum, es fortalecer la industria nacional sin generar conflictos diplomáticos ni efectos inflacionarios. Esta política es vista como una respuesta a la competencia de importaciones a precios bajos que, según la Secretaría de Economía, ha puesto en riesgo a 320 mil empleos. La medida ha sido interpretada también como una estrategia para alinearse con las preocupaciones de Estados Unidos de cara a la revisión del T-MEC. La reacción del sector privado ha sido mixta.

Mientras algunos, como Index Chihuahua, consideran que podría ser beneficioso para proteger la producción local, otros advierten sobre las consecuencias negativas.

La AMDA en Guanajuato alertó que los aranceles podrían frenar inversiones, provocar el cierre de agencias y aumentar los precios para el consumidor. Por su parte, la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, presidida por Amapola Grijalva Vega, señaló que la medida “genera incertidumbre y pone en espera las posibles inversiones que podamos tener de China”, además de advertir sobre el riesgo de un encarecimiento de insumos clave para la industria exportadora mexicana. Automotrices chinas como Great Wall Motor (GWM) han reafirmado su compromiso de permanencia en México, aunque reconocen el posible impacto del ajuste.