Los fondos acreedores, Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partners, alegan que este proceso se llevó a cabo “secretamente” y sin notificarles, lo que constituye una “denegación de justicia”.

Ante esta situación, iniciaron un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La asesora legal de los fondos, Katherine P. Padgett, afirmó que “no es del interés de México gastar los recursos de los contribuyentes en una acción que se lee como defensa de acciones ilegítimas de tribunales mexicanos”. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto, afirmando que el gobierno no protegerá a la empresa y que Salinas Pliego “debería pagar lo que debe”. En sus palabras, “ahora sí que ‘toma chocolate y paga lo que debes’”.

Sheinbaum aclaró que el Estado no asumirá la responsabilidad de la deuda, pero instó al Poder Judicial a resolver el caso, ya que la justificación de la pandemia ha expirado. Los inversionistas buscan un “canal de comunicación de alto nivel” con el gobierno para evitar un litigio costoso para el erario mexicano.