Esta política proteccionista busca equilibrar la competencia, pero enfrenta críticas por su potencial impacto inflacionario.

La propuesta, incluida en el Paquete Económico 2026, busca frenar la creciente penetración de marcas chinas, cuya participación en el total de vehículos ligeros importados pasó del 22% en 2021 al 57% en 2025. Los análisis de S&P Global y S&P Global Mobility destacan que este impulso ha sido liderado por marcas como BYD, que ha desplazado a gigantes como GM en el segmento de importaciones.

La medida ha dividido a la industria. Por un lado, figuras como Eric Ramírez, CEO de la consultora Urban Science, sostienen que los aranceles crearán una “competencia sin distorsiones”, obligando a las marcas chinas a absorber la mayor parte del costo para no perder mercado. En contraste, Eugenio Grande, director de Electro Movilidad Asociación (EMA), advierte que restringir el acceso de estos vehículos “encarecerá la transición a la electromovilidad, restará competitividad al mercado y retrasará el avance de la adopción de estas tecnologías”. La automotriz china GWM, a través de su director general Pedro Albarrán, ha reafirmado que su compromiso con México es a largo plazo, independientemente del resultado del proceso arancelario. Algunos analistas, como el titular de la Sedeco en San Luis Potosí, consideran que la medida podría ser un incentivo para que las armadoras chinas decidan instalar plantas de producción en México para evitar los impuestos.