Para las bebidas saborizadas, el incremento podría llegar hasta un 87%.

Según la ANPEC, esta alza impositiva pone en riesgo a más de 60,000 puntos de venta en el país, lo que significaría la pérdida de 120,000 autoempleos.

Cuauhtémoc Rivera, presidente del organismo, explicó que los ingresos de las “tienditas” podrían caer entre un 15% y un 20%, ya que estos productos actúan como un “gancho” para otras compras.

La industria tabacalera comparte esta preocupación, afirmando que el aumento de precios incentivará el mercado negro. Actualmente, se estima que una de cada cinco cajetillas vendidas en México es ilegal, y Conainta proyecta que el comercio ilícito podría crecer hasta un 50% del mercado, generando pérdidas fiscales de hasta 15 mil millones de pesos anuales. Ambas organizaciones recuerdan la experiencia del impuesto a refrescos de 2014, que, según afirman, no logró reducir el consumo de manera significativa pero sí afectó la rentabilidad de los pequeños negocios.