La medida ha sido analizada desde diversas perspectivas.

La firma KPMG sugiere que el arancel debe ser una solución temporal, con una duración no mayor a dos años, mientras se reconfiguran las cadenas de suministro.

Por su parte, un análisis de S&P Global indica que los fabricantes chinos podrían absorber gran parte del costo debido a su eficiente estructura de producción, aunque su ventaja competitiva en precios se vería erosionada.

La propuesta es vista por algunos como una respuesta a la presión de Estados Unidos y una estrategia para proteger la manufactura y el empleo en México. Sin embargo, existen preocupaciones significativas; la Electro Movilidad Asociación (EMA) advierte que la medida podría encarecer y, por tanto, ralentizar la transición hacia la electromovilidad en el país. En contraste, funcionarios como el titular de la Sedeco de San Luis Potosí ven el arancel como un incentivo para que las marcas chinas establezcan plantas de producción en México. Eric Ramírez, director general de la consultora Urban Science, minimiza el impacto inflacionario, argumentando que la competencia obligará a las marcas chinas a absorber la mayor parte del gravamen para no perder mercado.

“Si una marca china decidiera impactar sus precios en 30 por ciento dejaría de vender porque las demás marcas mantendrían sus precios”, afirmó.