El gobierno de Estados Unidos ha anunciado la imposición de un arancel del 100% a los medicamentos de marca que no se produzcan en el país, una medida que entrará en vigor a partir del 1 de octubre. Esta política proteccionista ha provocado una reconfiguración acelerada de la cadena de suministro global, obligando a las principales farmacéuticas a invertir miles de millones de dólares para expandir su capacidad de manufactura en territorio estadounidense. La decisión, justificada por la administración Trump como una medida para proteger la industria nacional, ha generado una respuesta inmediata y contundente del sector farmacéutico. Empresas como AstraZeneca han reaccionado anunciando planes para vender sus medicamentos para la diabetes y el asma directamente a pacientes que pagan en efectivo, con descuentos de hasta el 70% sobre los precios de lista, como una forma de mitigar el impacto en el consumidor. Sin embargo, la estrategia a largo plazo de la industria ha sido la relocalización.
Gigantes como GSK, Eli Lilly, Johnson & Johnson, Roche, Novartis y Sanofi han anunciado inversiones masivas que suman decenas de miles de millones de dólares para construir nuevas plantas o ampliar las existentes en estados como Virginia, Carolina del Norte e Indiana.
El objetivo es claro: producir localmente para evitar el gravoso arancel.
Algunas compañías, como Roche y Sanofi, han indicado que gestionarán sus inventarios existentes en EE.
UU. para minimizar el impacto en 2025, calificándolo como un efecto de “muy corta duración”.
No obstante, la tendencia general es una reestructuración profunda de sus operaciones globales. Países con acuerdos comerciales favorables, como los de la Unión Europea, Reino Unido y Japón, podrían estar en una mejor posición, ya que sus convenios limitan los aranceles a tasas cercanas al 15%, pero la incertidumbre persiste para el resto del mundo, consolidando a Estados Unidos como el nuevo epicentro de la producción farmacéutica.