Esta política, incluida en el Paquete Económico 2026, busca proteger a la industria automotriz nacional y fortalecer la producción local frente a la creciente competencia asiática.

La propuesta, que elevaría el arancel actual del 20% al 50% para ciertas fracciones, ha generado un intenso debate. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con el embajador de China, Daojiang Chen, para discutir la medida, afirmando que la decisión deriva de un "legítimo interés nacional y no de presiones externas". En respuesta, el Ministerio de Comercio de China ha iniciado una investigación sobre las medidas restrictivas de México. A pesar de esto, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó un posible conflicto, asegurando que el objetivo es lograr una balanza comercial positiva. Analistas como los de la firma KPMG sugieren que la medida debería ser temporal, no mayor a dos años, para permitir que la industria norteamericana se reconfigure sin dañar la competitividad a largo plazo.

Sin embargo, otros expertos, citados por Bloomberg, advierten que los fabricantes chinos podrían absorber gran parte del arancel gracias a sus bajos costos de producción, manteniendo así precios competitivos.

Empresas como BYD, que ya comercializa modelos como el Dolphin Mini en México, ilustran esta ventaja estructural.

La medida no solo afecta a vehículos terminados; la Industria Nacional de Autopartes (INA) también está en conversaciones para definir qué componentes del mercado de repuestos, donde China domina, serán gravados, lo que preocupa a distribuidores que dependen de estas importaciones.