El asunto ya había sido aplazado en febrero a petición de la ministra Lenia Batres, quien argumentó la gran relevancia económica del caso. Expertos advierten que, de aprobarse la jurisprudencia, los socios comerciales de México en el T-MEC, Estados Unidos y Canadá, podrían interpretarla como una barrera no arancelaria, lo que complicaría las negociaciones comerciales.

El SAT, por su parte, ha mostrado su interés en el caso, enviando un escrito de *amicus curiae* a la ministra ponente para expresar su opinión.

La resolución final, que ahora solo requiere una mayoría simple de cinco votos, será aplicable a todos los juicios pendientes sobre este tema, afectando a una parte fundamental de la industria de exportación del país.