El gobierno de Estados Unidos implementó un arancel del 25% a los vehículos pesados ensamblados en México, una medida proteccionista que ha generado una respuesta inmediata por parte del gobierno mexicano, cámaras industriales y gobiernos estatales para mitigar su impacto. La política, anunciada por el presidente Donald Trump y efectiva desde el 1 de octubre de 2025, amenaza con encarecer los costos y reconfigurar las cadenas de producción en Norteamérica. La Secretaría de Economía de México, a través del subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas, ha intentado calmar las preocupaciones, asegurando que, si bien se esperan “afectaciones del mercado” y ajustes en las líneas de producción, no se prevé el cierre de plantas en el país. En una postura similar, Marcelo Ebrard, titular de la dependencia, indicó que México esperará la publicación oficial de los aranceles para fijar una postura definitiva.
Por su parte, la industria ha reaccionado con alarma. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), por medio de su presidente Miguel Ángel Martínez Millán y su vicepresidente Manuel Sotelo, advirtió que la medida provocará un incremento en el precio de las unidades nuevas y usadas en ambos lados de la frontera. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), presidida por Alejandro Malagón, matizó el impacto, calculando que el arancel efectivo sería de alrededor del 12%, no del 25%, debido a que el contenido regional de los vehículos fabricados en México oscila entre el 60% y 65%. A pesar de esta reducción, Malagón reconoció que sigue siendo “mucho dinero” y una afectación económica importante.
A nivel estatal, gobiernos como el de Coahuila, a través de su secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, ya preparan estrategias de contención, incluyendo apoyos en el Impuesto Sobre Nómina (ISN) y becas de capacitación para empresas afectadas como Daimler.
En resumenLa imposición de un arancel del 25% por parte de Estados Unidos a camiones pesados mexicanos ha generado incertidumbre. Mientras el gobierno mexicano descarta el cierre de plantas y espera la publicación oficial para responder, la industria transportista advierte sobre un inevitable aumento de precios. Organismos como Concamin estiman un arancel efectivo menor gracias al contenido regional, aunque el impacto económico sigue siendo una preocupación central para empresas y gobiernos estatales.