Esta política arancelaria ha sido descrita como una herramienta para presionar a México en frentes no comerciales.

Además del arancel general del 25%, Estados Unidos ha aplicado otras medidas comerciales punitivas, como aranceles más elevados a los tomates mexicanos por supuesto comportamiento anticompetitivo.

El restablecimiento de estos gravámenes, cuya pausa expira el 29 de octubre, afectará a sectores clave como el automotriz, agroindustrial y de autopartes.

Originalmente, estas tarifas fueron presentadas como una medida temporal para presionar a México en asuntos migratorios.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una buena relación con Trump, logrando a finales de julio un acuerdo para continuar las conversaciones durante 90 días y evitar un aumento mayor de los aranceles. Sin embargo, la persistencia de estas medidas y la amenaza de nuevas tarifas, como la propuesta para camiones pesados, mantienen un clima de incertidumbre en la relación bilateral y en la economía mexicana, que depende en gran medida de las exportaciones a su vecino del norte. La estrategia de vincular el comercio con la seguridad y la migración se ha convertido en un punto central de la política exterior de Trump hacia México.