La decisión ha generado un debate entre diversos sectores. Por un lado, el gobierno y algunas industrias la consideran una oportunidad para fortalecer la producción local y reducir la dependencia de insumos asiáticos. La Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) apoyó la medida, argumentando que “permitiría equilibrar precios y consolidar la competitividad de productos mexicanos”.

Para el gobierno, esta política también busca que las empresas extranjeras inviertan en plantas en México para evitar los aranceles y poder acceder al mercado norteamericano bajo las reglas del T-MEC. Por otro lado, existen serias preocupaciones sobre el impacto en las cadenas de valor ya establecidas. Expertos como Adolfo Laborde, del CIDE, advierten que una aplicación abrupta podría causar una “disrupción de las cadenas de valor”, encareciendo insumos clave para industrias como la automotriz, electrónica y textil, lo que restaría competitividad. Se ha señalado la necesidad de un plan de transición y la búsqueda de proveedores alternativos en países con los que México sí tiene acuerdos comerciales. Jonathan Heath, subgobernador de Banxico, también alertó que estos aranceles representan un riesgo al alza para la inflación, un factor que el banco central debe vigilar.