Esta medida, descrita como un resurgimiento del nacionalismo económico, busca reducir el creciente déficit comercial, especialmente con China, y fortalecer la industria nacional.

La nueva regulación afecta a una amplia gama de sectores, incluyendo acero, aluminio, textiles, calzado, madera, plástico, productos químicos, papel, cartón, productos cerámicos, vidrio, material eléctrico, equipo de transporte e instrumentos musicales.

Esta política se enmarca en un contexto de presiones por parte de Estados Unidos para que México reduzca su déficit comercial con naciones asiáticas y se alinee con las estrategias de Norteamérica.

La decisión ha generado diversas reacciones. Por un lado, sectores como la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) han expresado su apoyo, considerando que los aranceles a China podrían “equilibrar precios y consolidar la competitividad de productos mexicanos”.

Además, se percibe como una oportunidad para que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) mexicanas puedan sustituir parte de las importaciones y fortalecer las cadenas productivas locales, en línea con el “Plan México”. Por otro lado, organizaciones del sector privado como COPARMEX y el CCE han manifestado su oposición, advirtiendo que la medida podría perjudicar la productividad nacional en lugar de beneficiarla, al encarecer insumos y afectar la competitividad de algunas empresas que dependen de importaciones asiáticas para sus procesos de manufactura.