Líderes de las compañías más influyentes de Estados Unidos han expresado su preocupación por las recientes reformas al Poder Judicial en México, solicitando al gobierno de Donald Trump que presione por mayores protecciones para los inversionistas en la próxima revisión del T-MEC en 2026. La Business Roundtable (BRT), una asociación que agrupa a unos 200 directores ejecutivos de empresas como Apple, General Motors, FedEx y JPMorgan Chase, advirtió que la elección de jueces por voto popular en México genera incertidumbre y podría someter las disputas comerciales a "consideraciones políticas en lugar del Estado de Derecho". En un documento presentado durante las consultas públicas para la revisión del tratado, los empresarios manifestaron su desconfianza hacia un sistema judicial que perciben como politizado. Para mitigar este riesgo, la BRT recomendó "enfáticamente" que la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR) busque restaurar el Mecanismo de Solución de Disputas Inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) dentro del T-MEC, el cual fue limitado en la versión actual del acuerdo.
Este mecanismo permitiría a los inversionistas resolver controversias con árbitros independientes, sin tener que recurrir a los tribunales mexicanos.
Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, desestimó estas peticiones calificándolas como "llamados a misa", argumentando que fue el propio equipo de Trump quien eliminó el panel ISDS y que la administración estadounidense busca desalentar la inversión fuera de su país. "(Trump) cree que lo que pierde México por la incertidumbre en inversión, lo gana automáticamente Estados Unidos", opinó Guajardo.
No obstante, la presión del influyente grupo empresarial, liderado por figuras como Jamie Dimon de JP Morgan, añade una capa de complejidad a la futura renegociación del T-MEC.
En resumenUn influyente grupo de CEOs estadounidenses, preocupados por la reforma judicial en México, ha solicitado al gobierno de EE.UU. que exija mayores protecciones para la inversión en la revisión del T-MEC. La principal demanda es restaurar un mecanismo de arbitraje independiente que evite recurrir a lo que perciben como un sistema judicial politizado, lo que añade tensión a la relación comercial bilateral.