Influyentes organizaciones empresariales de Estados Unidos, como la Business Roundtable y la US Chamber of Commerce, han manifestado una creciente preocupación por el clima de inversión en México, de cara a la revisión del T-MEC programada para 2026. Los líderes de compañías como Apple, GM y JPMorganChase han solicitado a la administración Trump presionar para restaurar mecanismos de protección a inversionistas, citando la “politización del Poder Judicial” en México como un riesgo para la resolución de disputas basadas en el Estado de derecho. Además de la reforma judicial, que contempla la elección de jueces por voto popular, el sector privado estadounidense ha denunciado lo que califica como “prácticas agresivas y opacas” por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las quejas, presentadas formalmente ante la Oficina del Representante Comercial de EE.
UU. (USTR), incluyen “auditorías excesivas, la denegación de deducciones por pagos entre empresas y sanciones retroactivas”, acciones que, según afirman, generan incertidumbre y aumentan los costos operativos.
La US Chamber of Commerce advirtió que estas prácticas violan principios de transparencia y no discriminación del T-MEC. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la gestión del SAT, asegurando que se han publicado nuevos lineamientos para fortalecer la transparencia en las auditorías y que las quejas provienen de empresas específicas que enfrentan procesos legales.
Esta tensión entre el empresariado estadounidense y las autoridades mexicanas añade un elemento de conflicto significativo a las próximas negociaciones del tratado comercial.
En resumenLas quejas formales del sector privado estadounidense sobre el sistema judicial y las prácticas fiscales en México elevan la tensión de cara a la revisión del T-MEC, poniendo en riesgo la confianza de los inversionistas y la estabilidad de las relaciones comerciales.