Estas medidas han generado descontento y movilizaciones, evidenciando la vulnerabilidad del campo ante las decisiones comerciales.

Por un lado, los productores de maíz enfrentan las consecuencias de la apertura a importaciones sin aranceles, una medida del plan antiinflacionario de 2022.

Esta política, según denuncias, inundó el mercado con “grano norteamericano subvencionado”, lo que dejó sin compradores al producto mexicano y provocó que grandes empresas como Minsa y Maseca ofrecieran precios muy bajos, de 5 pesos o menos por kilo. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) ha calificado la situación como una “crisis agrícola sin precedentes”, señalando que la falta de una política clara ha llevado a México a importar un nivel histórico de 24.7 millones de toneladas de maíz. En el sector cafetalero, la incertidumbre proviene de Estados Unidos, que impuso un arancel al café de Brasil y amenazó con hacer lo mismo con Colombia. Dirigentes cafetaleros mexicanos temen que estas tensiones se extiendan a sus exportaciones, recordando que en cosechas pasadas las grandes compañías descontaron hasta 8 pesos por kilogramo con el argumento de un posible arancel del 25% que finalmente no se aplicó.

Finalmente, el sector ganadero también enfrenta una amenaza arancelaria.

En el contexto de la revisión del T-MEC, la organización de ganaderos texanos R-CALF USA ha propuesto un arancel del 25% a las importaciones de reses de México y Canadá, lo que es visto como un asunto político que podría afectar gravemente la economía de los ganaderos chihuahuenses.