El sector privado enfrenta un panorama complejo.

Grupo Bursátil Mexicano (GBM) advirtió sobre la posibilidad de que la administración estadounidense imponga aranceles del 30% a productos mexicanos. A esta preocupación se suma la postura de la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham), que considera que recientes reformas judiciales y fiscales en México “han erosionado el estado de derecho y creado un clima de imprevisibilidad que impacta directamente en las decisiones de inversión”. Esta incertidumbre tiene consecuencias tangibles, como los despidos masivos en la industria maquiladora, donde se perdieron 119 mil plazas en el último año, una situación que el Consejo Nacional de Index atribuye en parte a la incertidumbre comercial y los aranceles. En contraparte, la Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles (JAMA) ha manifestado su apoyo a la extensión del T-MEC sin cambios restrictivos, destacando que la “zona libre de aranceles creada mediante el T-MEC ha ayudado a inversionistas (...) a fabricar vehículos de manera eficiente en Estados Unidos”. Esta dualidad de perspectivas refleja la tensión entre quienes buscan mantener la estabilidad del acuerdo actual y quienes temen que el entorno político y regulatorio, tanto en México como en EE.UU., debilite los beneficios del tratado.