Según los legisladores, México estaría violando los capítulos 2, 14 y 22 del T-MEC, relativos al acceso a mercados, inversiones y empresas estatales.

El republicano Jodey Arrington, quien encabeza la iniciativa, declaró que el objetivo es “defender a los productores de energía estadounidenses y garantizar que nuestros tratados comerciales se cumplan”. La propuesta cuenta con el respaldo de influyentes agrupaciones como el Instituto Estadounidense del Petróleo (API) y la Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce). En respuesta, la Secretaría de Energía (Sener) de México aseguró que el país no viola sus obligaciones del T-MEC y que la legislación mexicana “mantiene y promueve la inversión privada para el desarrollo y reactivación de los sectores hidrocarburos y de electricidad bajo reglas claras y transparentes”. La Sener argumenta que las inconformidades esgrimidas en 2022 ya han sido superadas por recientes reformas que otorgan certidumbre e igualdad de oportunidades, y que el T-MEC ya prevé mecanismos adecuados para dirimir estas preocupaciones sin necesidad de un panel.