Consideran que las medidas del gobierno mexicano favorecen a Pemex y CFE, violando los compromisos del T-MEC y perjudicando a las empresas estadounidenses. La propuesta, denominada “Ley de Cumplimiento del Comercio Energético Mexicano”, busca otorgar respaldo del Congreso al presidente Trump para iniciar un panel de solución de controversias en el marco del Capítulo 31 del T-MEC. El congresista republicano Jodey Arrington, uno de los impulsores, declaró que la ley busca “exigirle cuentas a México, defender a los productores de energía estadounidenses y garantizar que nuestros acuerdos comerciales se apliquen con la firmeza” que merecen. La iniciativa cuenta con el apoyo de importantes organizaciones empresariales como la Cámara de Comercio de EE.

UU. y el Instituto Estadounidense del Petróleo (API), que acusan a México de crear un entorno anticompetitivo mediante trámites excesivos y beneficios regulatorios para sus empresas estatales. En respuesta, la Secretaría de Energía (Sener) de México ha negado las acusaciones, asegurando que el país “no viola sus obligaciones internacionales ni restringe la participación de empresas extranjeras”. La Sener argumenta que las recientes reformas al sector otorgan certidumbre e igualdad de oportunidades y que el propio T-MEC ya prevé mecanismos para dirimir inconformidades, los cuales no han escalado a un panel. Esta creciente presión desde Washington se produce a menos de un año de la revisión general del tratado, programada para julio de 2026, lo que podría obligar a la administración de Claudia Sheinbaum a reconsiderar su estrategia energética.