El Gobierno de México ha implementado aranceles de entre 156% y 210.44% a la importación de azúcar proveniente de países sin tratados comerciales, en un esfuerzo por proteger a la agroindustria nacional. La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación, responde a una “situación de sobreoferta de azúcar en el mercado nacional que está poniendo en riesgo la rentabilidad” del sector, agravada por la caída de los precios internacionales. El decreto establece un arancel del 210.44% ad-valorem para el azúcar líquida refinada e invertida, y del 156% para productos derivados como la remolacha azucarera con aditivos.
Esta acción busca frenar la entrada masiva de azúcar extranjera, principalmente de Centroamérica y Brasil, que según los productores ya ha introducido más de un millón 200 mil toneladas al mercado, provocando el desplome de los precios. Sin embargo, la medida ha generado un debate entre los productores cañeros.
Organizaciones como la Unidad Cañera Democrática y el Movimiento Rural Nueve de Septiembre han realizado bloqueos y protestas, argumentando que el arancel es insuficiente y llega tarde. Sostienen que “el daño ya está hecho” y exigen un subsidio adicional de 300 pesos por tonelada para compensar las pérdidas de las zafras recientes, donde el precio por tonelada cayó drásticamente. Tras las movilizaciones, la Secretaría de Agricultura (Sader) acordó instalar una mesa de trabajo para definir un plan de rescate, aunque la demanda del subsidio directo no fue aprobada de inmediato.
En resumenPara contrarrestar una crisis de sobreoferta y precios bajos, México impuso altos aranceles a la importación de azúcar. A pesar de que la medida busca proteger a la industria nacional, los productores cañeros la consideran insuficiente para mitigar las pérdidas ya sufridas, por lo que continúan exigiendo apoyos directos al gobierno mientras negocian un plan de rescate integral para el sector.